Senado aprueba medida para retirar permiso de conducir a convictos por disparar armas de fuegos desde un vehículo

Durante la sesión, también fue avalado el Proyecto de la Cámara 517, para eliminar de forma automática las convicciones por delitos menos grave del certificado de antecedentes penales

12 de febrero de 2024 - 10:24 PM

El Senado aprobó, con 17 votos a favor y 10 en contra, un proyecto de ley que suspendería el permiso de conducir por cinco años a las personas convictas por disparar un arma de fuego desde un vehículo o embarcación. (tonito.zayas@gfmedia.com)

El Senado aprobó, en su sesión de este lunes, una medida legislativa que busca retirar el permiso de conducir -por un término de cinco años- a las personas convictas por disparar un arma de fuego desde un vehículo o embarcación.

La propuesta original del representante José “Quiquito” Meléndez, aprobada en la Cámara en noviembre de 2021, proponía suspender el permiso de forma permanente, pero el Senado enmendó el lenguaje para fijar un término de cinco años. La medida recibió 17 votos a favor y 10 en contra.

En entrevista con El Nuevo Día, Meléndez no se expresó complacido con el ajuste, pero dijo que estaba dispuesto a evaluarlo. “Una vez la medida llegue a la Cámara, la miraremos. Pero, en principio, una persona que participe activamente de un tiroteo de carro a carro no debe tener el privilegio de una licencia de conducir”, indicó.

El Proyecto de la Cámara 273 busca enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico, de 2020, que, si bien impone penas de reclusión contra las personas que apunten o disparen un arma de fuego fuera de lugares autorizados por ley, no incluye posibles sanciones en cuanto a la licencia de conducir o navegación.

También recibió el aval de la mayoría -en votación unánime- la Resolución Conjunta de la Cámara 606 para aprobar los parámetros a ser utilizados por el Departamento de Hacienda con el mecanismo de distribución del incentivo económico de $250 millones a ciertos individuos para el año contributivo 2023. La medida fue aprobada con enmiendas y ahora regresaría al cuerpo hermano.

Durante la sesión de este lunes, además, fue avalado el Proyecto de la Cámara 517, para eliminar de forma automática las convicciones por delitos menos grave del certificado de antecedentes penales. La pieza legislativa recibió 26 votos a favor y uno en contra.

“Algo que todos y todas aquí hemos estado de acuerdo es que en el proceso importante de la reinserción social productiva nada obstaculice la posibilidad de que una persona que ha cumplido cabalmente su sentencia pueda reinsertarse a la sociedad sin el calvario que provoca el llamado certificado de antecedentes penales que se ha convertido en una sentencie extendida”, aseveró el senador independiente José Vargas Vidot.

Durante la discusión, a la medida se le incluyó lenguaje dirigido a establecer que ninguna instrumentalidad pública pueda “requerir o utilizar información sobre aquellos delitos menos grave que hayan sido eliminados del certificado de antecedentes penales en perjuicio de un ciudadano”.

“Lo que persigue la enmienda es que no pueda utilizarse subterfugio alguno, mediante una entrevista, un formulario, una solicitud, una investigación de campo, que arroje que, en algún momento, una persona tuvo alguna convicción por un delito menos grave... para negar el servicio que la persona esté solicitando”, explicó el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz.

De otra parte, fue aprobada la Resolución del Senado 22, de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, para investigar los hallazgos de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, que concluyen que las prácticas y políticas del Negociado de la Policía, relacionadas con la vigilancia y el monitoreo de actividades de protesta pública, violentan los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad.

“Por supuesto que no se ha detenido el interés del Estado en documentar cómo piensa la oposición política, el interés de perseguir y la adjudicación de recursos para las prácticas ilegales de vigilancia”, expuso Santiago, al recordar la práctica de “carpeteo” que “el aparato gubernamental” utilizó contra militantes independentistas y que fue catalogada como inconstitucional.

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