El Senado aprobó este martes, a viva voz, una resolución legislativa de su presidente, Thomas Rivera Schatz, en rechazo “a la permanencia arbitraria” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el país por presuntamente haber excedido los términos establecidos en la Ley Promesa.

La medida reclama, asimismo, acción inmediata del Congreso y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la pronta disolución de la JSF.

“Continuar con este ente no solo representa una carga financiera adicional, sino también una afrenta a la democracia y autonomía política del pueblo puertorriqueño”, enfatizó Rivera Schatz.

La Resolución del Senado 236 detalló cómo la JSF supuestamente ha impuesto, de forma arbitraria, una lista de 50 requisitos no estipulados por la Ley Promesa como condición para su disolución. Además, resalta su “fracaso” en resolver aspectos fundamentales, como la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“¿Cuántas medidas para desarrollar la economía o devolvernos al mercado ha presentado la Junta de Control Fiscal? Ningun”, expuso Rivera Schatz. “Yo decía que... ningún puertorriqueño que amara a Puerto Rico debiera meterse en la junta de control fiscal, porque tienen una pretensión de condenar a la miseria al puertorriqueño”, aseveró.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, concurrió con que la JSF se ha extralimitado en sus gastos, y dijo que sus acciones son inconsistentes con las exigencias de control de gastos que le impone al gobierno estatal. No obstante, aseguró, que esa “extralimitación” ha sido permitida por los tres gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que el país ha tenido en los últimos ocho años.

“Si han establecido política pública, si se han ido por encima de lo que ustedes han querido hacer, es porque ustedes se lo han permitido, porque no han sido lo suficiente valientes”, argumentó Hernández.

Agregó que Trump debe estar “preocupado” por la aprobación de la resolución. “Ahora sí que va a temblar el Congreso de los Estados Unidos porque se ha aprobado esta legislación”, dijo Hernández, quien, junto a la delegación de la Pava, favoreció la pieza.

El favor ocurrió, sin embargo, luego que se enmendara para eliminar el término “colonial”, que fue sustituido por el término “inferioridad política”.

Los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González y María de Lourdes Santiago, fueron los únicos dos votos en contra. La votación se realizó por pase de lista.

Durante del debate, González dijo que la JSF ha “abusado” del pueblo a cambio de un presupuesto anual de $60 millones y de la “dignidad” de todo un país. “Claro que hay un consenso, nueve años después, de que la Junta no vino a hacer lo que dijeron que venía a hacer”, indicó.

Agregó que hablar solo de la JSF y su disolución es abordar el problema de una forma “superficial”. Al respecto, enfatizó que el reclamo tiene que estar acompañado de una exigencia por la descolonización del país. “Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios de Congreso que incluyen hasta vendernos, si les da la gana”, apuntó.