En votación unánime, el Senado aprobó este jueves un proyecto de ley para reconocer el maltrato a animales como una forma de intimidación contra los adultos mayores.

“La medida responde de manera directa a realidades sociales contemporáneas que han sido ampliamente documentadas tanto por las entidades gubernamentales como por organismos especializados en la defensa de los derechos de esta población”, concluyó la Comisión de Familia del Senado, presidida por Wanda Soto.

El Proyecto de la Cámara 931, de la autoría de la representante Yashira Lebrón, enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores (Ley 121 de 2019) para catalogar como una modalidad de intimidación el abuso hacia una mascota o animal de compañía, propiedad de un adulto mayor.

A su vez, atempera el mecanismo de órdenes de protección para reconocer que el daño o la amenaza dirigida a la mascota puede constituir un vehículo de coacción, presión moral y daño emocional, suficiente para justificar una intervención judicial expedita y preventiva.

“En el plano de la implementación y consistencia normativa, esta Comisión destaca que la medida no crea delitos nuevos ni altera tipificaciones penales existentes, sino que incorpora un reconocimiento expreso dentro del marco civil protector y de la política pública de la Ley 121-2019”, lee el informe.

La legislación fue favorecida, durante su evaluación en vistas públicas, por AARP Puerto Rico, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y los departamentos de la Familia y de Justicia.

Según las estimaciones de población de la edición de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en Puerto Rico, residían ese año 788,787 personas de 65 años o más. Este grupo poblacional ganó 66,219 personas entre el 1 de abril de 2020 y el 1 de julio de 2024.

Mientras, una investigación de la Comisión de Familia del Senado concluyó que la explotación financiera contra adultos mayores constituye un problema creciente y de alta complejidad, que exige intervenciones legislativas, regulatorias y administrativas.

Determinó que, si bien existe un andamiaje legal y reglamentario “relativamente robusto”, los estatutos vigentes no se han traducido en un nivel de “protección efectiva proporcional a la magnitud del problema” debido a “deficiencias en implementación, coordinación interagencial, educación ciudadana y asignación de recursos”.

La Resolución del Senado 75 ordenaba una investigación abarcadora sobre los protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras en la isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores.

Como parte del análisis, Justicia informó que entre, el 1 de enero de 2022 y el 12 de septiembre de 2025, se radicaron 120 casos de explotación financiera bajo el Código Penal. De estos, 90 corresponden a la modalidad grave y 12 a la modalidad menos grave. El análisis reflejó actividad significativa en las regiones de Aguadilla, Bayamón, San Juan, Caguas y Arecibo.

Como parte del análisis, la Comisión sugirió ajustar la modalidad grave, según tipificada en el Código Penal, para que cualquier cuantía de $501 en adelante caiga bajo dicha categoría e incorporar expresamente la obligación del tribunal de imponer la pena de restitución en todos los casos. Asimismo, propuso que se considere tipificar como modalidad agravada aquellas conductas de explotación financiera cometidas por personas que ostenten una posición de confianza o tutela, por ejemplo.

“A pesar de los esfuerzos significativos de las agencias y de la industria bancaria, la magnitud del envejecimiento poblacional, la creciente sofisticación de los fraudes y la faltad e integración plena de los sistemas de información, justifican la adopción de medidas legislativas adicionales”, subrayó Soto, en el documento.