Un proyecto de administración para prohibir la “influencia económica” de personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas fue aprobado este jueves en el Senado, junto a otro para que el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) integre el “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”.

“Se considera meritoria la aprobación de legislación dirigida a robustecer el derecho electoral, el sistema de financiamiento de campañas políticas y, en última instancia, la protección efectiva del derecho fundamental al sufragio universal”, lee parte del informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, recomendando la aprobación del Proyecto del Senado 920.

Una persona jurídica extranjera, según la medida, es aquella que está organizada, incorporada o registrada fuera de Puerto Rico o Estados Unidos, independientemente posea o no operaciones en la isla. Estas no podrán, directa ni indirectamente, y/o a través de los miembros de sus juntas de directores, ejecutivos, gerentes, socios gestores o subsidiarias, realizar donativos ni organizarse como un comité de acción política.

La medida, que no fue discutida por el pleno, recibió el aval de la Oficina de Ética Gubernamental, así como del Departamento de Justicia y el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges.

Otra medida que recibió el aval del Senado fue el Proyecto del Senado 921, también de administración, para que el comisionado del NIE integre el “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción”, creado para fomentar la coordinación entre las entidades públicas con responsabilidad en la fiscalización.

Asimismo, el proyecto amplía las funciones del grupo de trabajo para incluir la formulación de iniciativas de política pública anticorrupción, la revisión periódica del marco legal y administrativo vigente, y el análisis de los patrones de riesgo identificados mediante denuncias, auditorías e investigaciones gubernamentales.

Por otro lado, fue rechazado el Proyecto del Senado 744, del senador independiente Eliezer Molina, que le imponía a las plantas de concreto la responsabilidad de exigir, previo a la disposición o venta del material, una copia digital o física del permiso de construcción vigente.

La medida, según Molina, tenía la intención de mitigar el problema de construcciones informales en el país. Asimismo, dirigía los fondos recaudos por las multas establecidas al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

“Se van a reducir los riesgos de perder las vidas en el litoral costero o ante las inclemencias de los terremotos o de un huracán”, expuso Molina, sin éxito.

La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, una de las que votó en contra, dijo que, aunque favorecía el objetivo de la legislación, no concurría con el método utilizando para lograr su propósito. Alegó que la medida, tal cual redactada, no solo traspasaba al sector privado la responsabilidad de fiscalización del gobierno, sino que le imponía una carga económica adicional al ciudadano que quiere construir.

“Aunque esto tenga un buen propósito, el que quiera terminar construyendo de forma ilegal, lo va a hacer. El que le quiera enseñar al dueño de una concretera un permiso fraudulento, lo puede hacer”, dijo al argumentar, además, que la entrega del concreto ocurre en la etapa final de la construcción.

“Aquí, lo que debe ocurrir es que quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar, fiscalicen... pero no penalizar al empresario puertorriqueño”, insistió Rodríguez Veve, durante el debate.

La medida, que fue rechazada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientes y la Asociación de Constructores, recibió nueve votos a favor y 13 en contra.