Una medida que hubiese otorgado a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de evaluar la designación de los futuros directores ejecutivos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), puesto que ocupa, actualmente, el también secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, fue derrotada por la mayoría novoprogresista.

A pesar de que el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado y autor de la legislación, Luis Javier Hernández, insistió en que la medida no fue radicada en respuesta a la persona que ocupa el puesto hoy, miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) insistieron en que la medida tenía una “motivación política”.

El Proyecto del Senado 448 fue derrotado a viva voz.

“El director ejecutivo de AAFAF es el principal oficial ejecutivo del gobierno. Puede contratar personal, consultores financieros, economistas, entre otras facultades. Aparte de que, en muchas ocasiones, es quien nos presenta frente a la junta de control fiscal”, destacó Hernández.

Actualmente, el nombramiento al cargo de director ejecutivo de la AAFAF no requiere el consejo y consentimiento del Senado. “Pueden pensar que estamos presentando esta medida para que aplique al actual director de AAFAF, y no es así. Esta medida claramente establece que tendrá aplicación prospectiva”, dijo el portavoz popular.

Para la senadora penepé Roxanna Soto Aguilú, sin embargo, el proyecto es más “una motivación política que una necesidad legislativa”. Anticipó, además, que la medida podría ser un obstáculo en la aprobación de un futuro nombramiento al cargo durante un gobierno compartido.

“Este proyecto lo que busca también es restringirle esa facultad de autonomía al gobernador de turno, y lamentablemente yo, en una separación de poderes, no he escuchado un solo argumento, una sola estadística... donde se diga que ha sido fallida la labor que ha hecho, desde el 2017, cualquier director ejecutivo de la AAFAF”, argumentó Soto Aguilú.

El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ángel Toledo López, indicó que, como parte de la evaluación, le requirieron memoriales explicativos al Departamento de Justicia y a la propia AAFAF, pero ninguna respondió a pesar de “múltiples prórrogas”. El informe positivo se basó en la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), que consignó que “no existe impedimento legal para imponer dicho requisito”.

“Por un lado, parece adecuado que nosotros querramos promover el que estos funcionarios pasen por una evaluación del Senado, pero tenemos que mirar la otra cara de la moneda que es, que si esta agencia nace con el propósito de ser ese enlace entre el gobierno y la junta de control fiscal... este ejercicio no tendrá mucha razón de ser tan pronto como saquemos a la junta de control fiscal”, expuso Toledo López.

También fue derrotado el Proyecto del Senado 448, que estaba dirigido a ampliar el alcance de las cooperativas eléctricas o de energía para que participaran en la construcción, reparación, mantenimiento y operación de la red de transmisión y distribución eléctrica.

Mejor suerte corrió la Resolución del Senado 435, que ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado investigar el impacto de los apagones y fluctuaciones de energía eléctrica en el funcionamiento del sistema de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico.

“La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se está convirtiendo en una mini Autoridad de Energía Eléctrica porque LUMA, con sus cambios en la energía, está haciendo que se destruya el sistema de generación de energía en las plantas de la AAA“, argumentó el senador independiente, Eliezer Molina, autor de la medida junto a su compañero por el PNP Héctor González López.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, alegó a principios de mes que la avería de un motor en el sistema de bombeo de la represa Carraízo, que mantuvo a unos 44,000 abonados de la zona metropolitana sin servicio por dos semanas, fue causada por un evento de fluctuación de voltaje.

González Delgado hizo el mismo alegato, en octubre, cuando se reportó una avería en el sistema del Superacueducto. Entonces, LUMA Energy rechazó cualquier vínculo con la rotura en el sistema.

“Al final, más allá de la fiscalización, quienes se ven afectados son los abonados, son los clientes y por ellos estamos aquí, presentando esta resolución“, expuso González López al indicar que próximamente discutirán el asunto en vista pública. ”La AAA está gastando millones de dólares en la compra de generadores eléctricos y otra maquinaria para que el sistema esté funcionando", argumentó.