En momentos en que las manifestaciones en rechazo han aumentado, el Senado considerará este jueves, en vista pública, dos resoluciones investigativas dirigidas a evaluar la viabilidad del megaproyecto turístico Esencia, en Cabo Rojo, y su potencial impacto en el suministro de agua de la región suroeste.

Mediante las resoluciones del Senado (RS) 9 y 459 –presentadas por el Partido Independentista Puertorriqueño y el independiente Eliezer Molina, respectivamente–, se indagará sobre los datos sometidos por los desarrolladores para la obtención de permisos, así como los posibles riesgos de sobreexplotación que el desarrollo representaría para los acuíferos del área.

“¿Qué fue lo que este servidor solicitó? Yo no solicité permisos, yo le estoy solicitando que me den... la capacidad hídrica, todos los informes de todo el sistema de hidroeléctrica”, dijo Molina. “Yo les dije hace un tiempo que el juego había cambiado”, agregó, en una transmisión en sus redes sociales.

La legislación presentada por Molina dispone que la investigación deberá determinar la capacidad nominal y real de producción, tratamiento y distribución de agua potable en el suroeste. Asimismo, ordena cuantificar la demanda actual del suministro desglosada por sectores residenciales, comerciales, industriales, agrícolas y gubernamentales, y determinar la demanda hídrica proyectada para Esencia en millones de galones diarios y anuales.

El megaproyecto turístico y residencial, impulsado por Reuben Brothers y Three Rules Capital, contempla unas 2,059 cuerdas de terreno e incluiría 500 habitaciones y ‘suites’ de hoteles de lujo; 1,200 residencias privadas entre villas, casas y condominios; y comercios, restaurantes e instalaciones deportivas, entre otras amenidades. Los desarrolladores estiman que generaría más de 17,000 empleos directos, indirectos e inducidos y más de $7,000 millones en actividad económica a largo plazo.

Grupos ambientales, comunitarios y profesionales han alertado, sin embargo, sobre el impacto social y ecológico del proyecto, en el barrio Boquerón, y su presunta incompatibilidad con los recursos naturales disponibles, en ámbitos como la conservación de la flora y fauna, la demanda proyectada de agua y la geología costera.

En esa línea, la RS 9 está más enfocada en investigar la información que los proponentes proveyeron a las entidades gubernamentales como parte de la solicitud de permisos. De igual forma, solicita analizar el manejo y atención que las agencias dieron a esos datos, y la viabilidad de la construcción frente a los recursos naturales y la infraestructura disponible.

El Nuevo Día solicitó expresiones a los desarrolladores, pero no se recibieron al cierre de esta edición.

Recientemente, como parte de los esfuerzos de lucha, miembros de la Coalición Defiende a Cabo Rojo se reunieron con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para plantear sus preocupaciones sobre el proyecto y solicitar una “fiscalización legislativa rigurosa” del proceso que culminó con la aprobación de la consulta de ubicación. También, solicitaron la celebración de vistas públicas.

En entrevista reciente y abordado al respecto, Rivera Schatz indicó que cualquier proyecto que cuente con los permisos correctos “debe reconocerse”. “Si hay una alegación de que los permisos fueron incorrectamente concedidos o que hubo algo fraudulento, pues, tiene que litigarse en los foros, pero no puede ser un mero planteamiento al vacío sin probarlo, sin demostrarlo, sin sostenerlo con evidencia. Y eso opera para los dos lados”, dijo.