El senador por el Partido Popular Democrático (PPD) José “Josian” Santiago Rivera presentó un proyecto de ley para exonerar al 94% del comercio en la isla del pago del impuesto al inventario, sin que ello represente, aseguró, un “disloque” en los fondos que reciben los gobiernos municipales para costear servicios esenciales.

La propuesta –que compartió por escrito con la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, y el comité técnico que analiza el asunto– está sustentada en los resultados de un estudio realizado, en 2021, por la Comisión de Hacienda del Senado, presidida entonces por Juan Zaragoza, destacó el también exalcalde de Comerío.

“Nuestra propuesta garantiza los ingresos que obtienen los municipios por ese renglón, y al mismo tiempo, exime al 94 % del sector comercial al pago del mismo”, expuso el senador de minoría durante una conferencia de prensa celebrada este domingo desde su oficina legislativa, en el Capitolio.

En la misiva, Santiago le pide a Rivera, también exalcaldesa de Gurabo, que evalúe la propuesta que entiende permitiría hacerles justicia a los pequeños y medianos (pymes) comerciantes sin dejar a los municipios desprovistos de fondos sustanciales para su operación.

El estudio, que tiene como base datos provistos por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para el año fiscal 2019, reveló que el 94% de los comercios del país –de un registro de 20,911– tributaban unos $35.2 millones anuales por concepto del impuesto al inventario. Mientras, el restante 6% de esa base contributiva, unos 1,335 negocios, tributaba sobre $213 millones.

“Con esta medida, el gobierno central no tendría que identificar los más de $300 millones necesarios para reemplazar los recaudos municipales que representa el impuesto al inventario. Y, una vez el comité técnico pueda actualizar las cifras del estudio del 2021, que estoy seguro no registrarán cambios dramáticos, haremos factible que los pymes y comercios con volumen de ventas de $5 millones o menos, estimados en un 94% de los que hoy tributan, puedan dejar de pagar el impuesto”, acotó el senador.

Ante este escenario, según Santiago, el gobierno tendría que identificar entre $35 millones y $40 millones de otras fuentes de ingresos en la confección del presupuesto general para el año fiscal 2026-2027 para subvencionar la deficiencia en el erario que representaría la propuesta. “Entendemos que, en ningún caso, la cantidad que tenga que identificar el gobierno para eximir a ese 94% de los comercios a pagar por el impuesto al inventario supere los $50 millones”, apuntó.

Hace unas semanas, tras la oposición pública de alcaldes penepés y populares, la gobernadora Jenniffer González vetó el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que eliminaba el impuesto al inventario a partir del año contributivo 2028, ya que su aplicación implicaba que el gobierno tuviera que identificar $314 millones para poder sustituir los ingresos que los municipios dejarían de recibir.

El PC 420, en su origen, era un proyecto de administración basado en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero fue enmendado en el trámite legislativo. La propuesta original no contemplaba la eliminación automática del impuesto, sino su congelación por cinco años –en lugar de tres, como quedó aprobada– mientras se identificaba un sustituto y se comenzaba un período de transición.

Al anunciar el veto, González sometió otro proyecto de ley, el PC 955, cuya versión es idéntica al que fue radicado originalmente en marzo, con la congelación a cinco años y estableciendo que se eliminaría solo cuándo se tenga una fuente de pago que lo sustituya.

No obstante, los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, advirtieron que no atenderán la nueva propuesta legislativa de la gobernadora para quitar el gravamen hasta que el comité de trabajo creado para evaluar su reemplazo presente sus propuestas.