La delegación del PNP rechazó derrotar el veto ejecutivo, indicó Rodríguez Aguiló (al centro).
La delegación del PNP rechazó derrotar el veto ejecutivo, indicó Rodríguez Aguiló (al centro). (Vanessa Serra Díaz)

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) frenó el martes la reconsideración del proyecto legislativo que busca elevar, de manera escalonada, hasta $10.50 la hora el salario mínimo en el sector gubernamental, acatando así el llamado que hiciera el gobernador Pedro Pierluisi para que se preservara su veto.

El Proyecto del Senado (PS) 563 no fue llevado a votación en el hemiciclo cameral, a pesar de que el portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García, había adelantado que esa era la intención si se hubiera encontrado el apoyo de las dos terceras partes que se requieren para derrotar un veto ejecutivo.

El portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo luego de la sesión que ningún integrante de la delegación iba a “prestar” su voto para ir por encima del veto, objetivo que requeriría el apoyo de, al menos, cuatro novoprogresistas.

Luego de que el Senado, con el voto del senador penepé William Villafañe, pasara por encima del veto en la sesión del lunes, la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), Zahira Maldonado, recalcó, en entrevista con El Nuevo Día, la posición de la administración de que la medida legislativa es innecesaria y da al traste con el plan de clasificación y retribución uniforme que está programado para entrar en vigor en enero. Según Maldonado, el borrador del plan, cuya versión final debe ser develada en octubre, establece un salario base de $9.25 la hora para empleados unionados y de $11.25 para no unionados.

El PS 563, por su lado, propone un incremento de $8.50 al mes siguiente de convertirse en ley. Asimismo, busca que, al igual que en el sector privado, el sueldo base aumente a $9.50 en julio de 2023 y, sujeto al análisis de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, a $10.50 en julio de 2024.

El plan uniforme aplica a 67 agencias del ejecutivo y unos 45,000 empleados públicos. Es decir, deja fuera a cerca de 70,000 trabajadores de corporaciones públicas y agencias, como el Departamento de Educación, que no están cubiertas por la ley orgánica de la Oatrh.

Un análisis de este medio reveló que, entre ocho de las 10 agencias bajo la jurisdicción de la Oatrh con mayor cantidad de empleados, el 5.3% de los trabajadores devenga menos de $8.50 por hora, mientras otro 3.6% cobra entre $8.50 y $9.49.

En entrevistas por separado, tanto Maldonado como el jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, recordaron que, en noviembre del año pasado, la Junta de Supervisión Fiscal se había opuesto al PS 563.

El martes, en una rueda de prensa, Pierluisi había pedido a los representantes “que respeten la decisión que tomé en vista de que tenemos una revisión en curso del plan de retribución en todas las agencias del gobierno central y en la gran mayoría de las corporaciones públicas”.

Aunque se hizo eco del gobernador, al mencionar que el PS 563 adelantaba un fin “loable”, Maldonado puntualizó que “también delega en una Comisión de Salario Mínimo lo que es fijar los salarios de los servidores públicos, que tiene un impacto en el presupuesto. La Ley 8 de 2017, que sigue siendo la política pública del gobierno, establece que (esa función la ejerce) esta oficina”, subrayó Maldonado, enfatizando que ningún empleado sufrirá un recorte producto del plan uniforme.

Blanco aceptó que el potencial impacto fiscal de la ley “no era tan significativo” en primera instancia, toda vez que los empleados del gobierno central, por una orden ejecutiva vigente, ya cobran al menos $8.25 la hora. Sin embargo, al igual que Maldonado, expresó preocupación con las decisiones que pudiera tomar a futuro la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo que serían vinculantes para el gobierno, así como la reacción que tendría la JSF.

“Mi preocupación más inmediata con este (proyecto), en cuanto a la JSF, es el impacto que pueda tener en el proceso de la reforma civil que hemos estado trabajando. Esto pudiese causar que la Junta tome la posición de que interrumpe ese proceso que es lo que representan los aumentos salariales para 45,000 empleados públicos en enero”, sostuvo el jefe de OGP.

El PS 563, contrario al plan uniforme, impactaría a los empleados de las corporaciones públicas y entidades fuera de la jurisdicción de la Oatrh, entre ellas el Departamento de Educación, elemento que ha sido uno de los argumentos esbozados a favor de la medida por el senador Juan Zaragoza, quien evaluó la pieza como presidente de la Comisión de Hacienda.

Maldonado ripostó que la Oatrh ya trabaja con varias corporaciones públicas, como el Fondo del Seguro del Estado y la Administración de Servicios Médicos, en la renovación de sus respectivos planes de clasificación y retribución.

“La recepción ha sido muy positiva. Inclusive, hay una carta circular de la secretaria de la Gobernación (Noelia García) a los efectos de que las corporaciones también se adentren en este trabajo que hay que hacer de la revisión de las escalas salariales”, manifestó la funcionaria.

Con relación a Educación, Maldonado dijo que ha habido comunicación con el secretario, Eliezer Ramos Parés.

“No puedo hablar por el secretario de Educación, pero sí sé que se están moviendo en esa dirección de darle esa justicia salarial a sus empleados también”, dijo Maldonado, al preguntársele si los trabajadores no docentes en esa agencia deben tener la expectativa de recibir un ajuste similar a los que propone el plan de clasificación y retribución uniforme.

Aunque la elaboración de nuevas escalas salariales ha estado pendiente desde 2017, Maldonado aseguró que el plan uniforme no será una “camisa de fuerza” y que, a futuro, la Oatrh podrá realizar ajustes de forma más ágil.

“El plan de clasificación tiene que obedecer a los cambios y la realidad de lo que hace cada agencia. En ese sentido, no puedo decir ‘el plan de clasificación es lo que es’. Las agencias pueden pedir que se enmienden clases para que varíe algún requisito, pueden pedir que a una clase que solo tenga un nivel se le añada otro nivel de complejidad, dependiendo de las necesidades. Ese es el día a día de la Oatrh. Hay clases que siempre serán específicas de cada agencia”, dijo Maldonado.

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