El proyecto de administración que enmendaría la Ley 54 de Violencia Doméstica recibió este viernes el rechazo de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) por entender, respectivamente, que no aporta a la protección de las víctimas, y que necesita aclaraciones en lenguaje para adelantar su propósito.

En una vista pública de la Comisión de lo Jurídico del Senado, la directora ejecutiva de la SAL, Alejandra Belmar Jiménez, consignó su oposición al Proyecto del Senado (PS) 914, que busca “fortalecer el marco legal de la actual ley para garantizar una justicia efectiva a las víctimas, y mejorar los mecanismos de procesamiento y la imposición de penas proporcionales a la conducta criminal”. En total, enmendaría nueve artículos de la Ley 54, que incluyen la revisión y ampliación de definiciones, proponer cambios sobre las órdenes de protección y hacer ajustes a ciertas disposiciones penales y procesales.

“La justicia no siempre equivale a más castigo. Más penas y menos derechos no nos van a proteger mejor de estas violencias. Cada caso que llega al Tribunal donde se imputan actos de violencia de género no puede tratarse de la misma forma ni tampoco penalizarse con la misma severidad”, expresó Belmar Jiménez.

Al considerar que el PS 914 no es necesario ni justificable para adelantar el interés del Estado de velar por la seguridad de las víctimas de violencia doméstica, la licenciada recordó que, en 2025, se aprobaron las leyes 137 y 138 para, precisamente, aumentar las protecciones.

Por su parte, Mónica Hernández, abogada de la OAT, instó a aclarar, en el Artículo 2.9 del proyecto, la etapa del proceso judicial en que se establece que se debería solicitar una evaluación al Departamento de la Familia antes de permitir o cambiar el contacto entre un menor que presenció violencia doméstica y la parte acusada.

También, exhortó a recordar la discreción de los tribunales para evaluar cada situación y tomar las determinaciones pertinentes.

En la vista, participaron, además, Familia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía y el Departamento de Justicia. Todas avalaron la aprobación del proyecto e hicieron recomendaciones.

“Estoy observando que esa postura a favor está condicionada a una cantidad de sugerencias que, realmente, se tienen que considerar porque no son simplemente arreglos ortográficos, son sugerencias procesales que impactan directamente los derechos de las víctimas”, dijo el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión, sobre el respaldo de las agencias.

Mientras, sobre la discrepancia entre las otras partes, Toledo López expresó: “En este caso, estamos viendo que tanto Estado como defensa se han posicionado en un mismo lugar en relación con unos asuntos, particularmente confusiones que puede haber en el texto de la ley, interpretaciones que pudieran ser perjudiciales para la misma víctima, incluso. Así que todas esas consideraciones, la Comisión que yo presido, las tiene que tomar en cuenta para redactar un informe que avale o no avale el proyecto”.

Por su parte, el senador Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño, mostró preocupación por la amplitud de lenguaje empleado en el Artículo 2.1 B de la medida, que propone reforzar los criterios que el tribunal debe considerar para garantizar mayor seguridad a las víctimas y los menores involucrados.

“Mi interpretación coincide con la de la OAT y con la de la SAL en términos de la ambigüedad de muchos términos que recoge el proyecto. Aunque bien intencionado el asunto de las órdenes automáticas, realmente puede ser un disuasivo para que las partes querellantes recurran al tribunal a buscar ayuda, porque sería irreversible un proceso que es tan complejo”, dijo González Costa, quien no cree que el proyecto, tal cual redactado, tenga “un buen futuro en el cauce legislativo”.

Las recomendaciones solicitadas en la serán consideradas por la Comisión y se continuarán las vistas públicas para evaluar el PS 914. La Comisión quedó a la espera de la posición del Colegio de Abogados y Abogadas, entidad que se excusó por no haber visto la convocatoria.