La representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana.
La representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana. (Archivo)

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, respaldó hoy, miércoles, a la representante Mariana Nogales por ponerse a disposición de la Comisión de Ética de ese cuerpo, para rectificar y contestar sus preguntas sobre los negocios o entidades sin fines de lucro en las que ha participado, con o sin remuneración.

Hernández confirmó que recibió la misiva de la representante en la que pide que se le permita “complementar la información originalmente provista al momento de la presentación del informe”. La carta de Nogales, con fecha de hoy y recibida a las 10:42 a.m. en la oficina del presidente, surgió luego que trascendiera públicamente que ella omitió informar su puesto directivo en Oceanfront Villas Corporation, así como en otras organizaciones sin fines de lucro.

El presidente cameral opinó que “se ve un ataque institucional del Partido Nuevo (Progresista)” no solo contra la representante Nogales, sino el cuerpo que preside por la fiscalización que están haciendo de las irregularidades en el deslinde y los permisos de construcción otorgados al condominio Sol y Playa, en Rincón.

“Aquí se están ventilando un sinnúmero de planteamientos, yo creo que tratando de una manera u otra -y voy a ser, en esto, bien sincero- de socavar o tratar de alguna manera opacar la fiscalización de la Cámara de Representantes en los asuntos ambientales, específicamente en Rincón, con una clara política pública antiambiente del PNP”, declaró Hernández.

Informó, a su vez, que la Comisión de Ética, que preside el representante Ángel Matos García, analizará si hubo una omisión de parte de la representante Nogales en sus informes financieros y no le “temblará la mano” a la hora de tomar las acciones correspondientes.

“Si hay alguna irregularidad o un planteamiento, después que la comisión atienda la solicitud de la propia legisladora, se harán las acciones correspondientes”, comentó.

El Reglamento de la Cámara dispone, según Hernández, un sinnúmero de métodos para lidiar con el incumplimiento con las divulgaciones financieras o cualquier otra violación ética. El ente puede tomar desde acciones correctivas, hacer alguna reprimienda o determinar imponer la sanción o expulsión.

“Hay que ver cuál va a ser la acción de la comisión en este asunto, que la propia legisladora (sometió) porque nadie ha entrado en los méritos de radicar una queja para que comience un proceso formal”, dijo.

“Por lo menos, le da un reconocimiento de que ‘él que no tiene hecha, no tiene sospecha’”, puntualizó.

Entonces, aclaró que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana tendrá que “hacer los argumentos pertinentes frente a la comisión”, para determinar si hubo una omisión de información requerida.

Por su parte, el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, explicó que la razón por la cual la Ley de Ética Gubernamental pide que los funcionarios divulguen todos los puestos que han tenido por los últimos dos años es para evaluar si existe algún conflicto de intereses en sus determinaciones.

Pérez Vargas agregó que es común para la OEG hacer requerimientos de información cuando entiende que hubo información que se omitió al comparar con informes previos. Tanto en esos casos como cuando alguien notifica que se le quedó algo, se permite enmendar el informe para incluir información que previamente no puso.

A nivel de la rama ejecutiva, un incumplimiento con la presentación de información financiera puede implicar pagar $100 o $500 de multa. Sin embargo, si hay una omisión mayor o no se corrigen los señalamientos ni contestan los requerimientos de información, se puede presentar a una querella formal por una falta administrativa, que implica mínimamente $1,000 de multa, informó Pérez Vargas.

La sección 3 del informe financiero para las ramas ejecutiva y legislativa pide revelar los puestos y cargos ocupados “en y fuera del gobierno” durante los últimos dos años. Fuera del gobierno, requiere divulgar toda participación como “oficial, director(a), síndico(a), socio(a), propietario(a), representante, empleado(a), consultor(a), incorporado de firma, compañía, sociedad, fideicomiso u otra clase de organización comercial con o sin fines de lucro, instituciones educativas, organización laboral u otra institución privada”.

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