El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó este martes que el gobierno debe investigar las denuncias relacionadas con un supuesto esquema de entrega de drogas a reclusos en Puerto Rico a cambio de votos a favor de la ahora gobernadora Jenniffer González.

“Si el gobierno federal la detuvo (la investigación), pues, yo creo que el Estado debe investigarlas (las denuncias). Creo que debe profundizarse. Aquí, nadie está por encima de la ley y, si alguien tiene pruebas... porque es bien fácil hacer una especulación y buscar un titular y tratar de pegarla, se debe investigar hasta las últimas consecuencias”, dijo el líder legislativo, en un aparte con la prensa, en momentos en que se discutía el proyecto de administración para reformar el sistema de permisos.

ProPublica, una organización periodística sin fines de lucro, reveló este martes que, tras la elección de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó la pesquisa y ordenó excluir las denuncias sobre la compra de votos de las alegaciones, a pesar de que los investigadores tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional de la isla.

La fiscalía federal presentó cargos criminales, en diciembre de 2024, contra 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo 31, también conocida como “Los Tiburones”, imputados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de Puerto Rico con el uso mayormente de “drones”.

“No conozco el detalle, pero debe investigarse cualquier alegación que se haga, seria”, subrayó Rivera Schatz, al ser cuestionado sobre las instrucciones que habrían recibido los fiscales del caso para dejar fuera los cargos relacionados con coacción electoral.

Cuando se llevaron a cabo los arrestos, el 17 de diciembre de 2024, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, sostuvo que “el Grupo 31 se creó formalmente en 1998” y que “su objetivo principal era establecer y promover la comunicación con el gobierno para buscar mejor oportunidad para los reos”.

Las denuncias de diciembre de 2024 incluyeron cargos por distribuir drogas –acciones que causaron, al menos, cuatro muertes–, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El esquema de votos por drogas, no por dinero, es descrito en las alegaciones presentadas por la fiscalía, pero no presentaron ningún cargo criminal sobre ese asunto.

“Los individuos que no votaban por los candidatos que eran respaldados por el Grupo de los 31 estaban sujetos a represalias, incluyendo retenerles las sustancias ilegales”, indica el pliego acusatorio.

Francisco Domenech, exdirector de campaña de la gobernadora y actual secretario de la Gobernación, afirmó que es “totalmente falso lo que insinuó” el reportaje de ProPublica. Sostuvo que nadie vinculado al comité electoral de González, ni la propia gobernadora, fueron entrevistados por las autoridades federales. También, rechazó que la primera ejecutiva haya estado en comunicación con líderes del Grupo 31.

Para Domenech, la información es producto de “intereses políticos que le quieren hacer daño a la gobernadora”, y sostuvo que, en la primaria del Partido Nuevo Progresista por la gobernación, el entonces gobernador, Pedro Pierluisi, obtuvo el 80% de respaldo entre los confinados.