El juez Francisco Rosado Colomer debió terminar sus funciones antes del 1 de julio, fecha límite para designar a un nuevo presidente, pero se mantiene en el cargo ante la situación para escoger a sus sustituto.
El juez Francisco Rosado Colomer debió terminar sus funciones antes del 1 de julio, fecha límite para designar a un nuevo presidente, pero se mantiene en el cargo ante la situación para escoger a sus sustituto. (David Villafañe Ramos)

El Código Electoral aprobado el año pasado es tan vago en cuanto al proceso de selección del presidente y el presidente alterno de la Comisión de Estatal de Elecciones (CEE), si la responsabilidad recayera sobre el Tribunal Supremo, que representantes del componente electoral de tres partidos reconocieron desconocer cómo se procederá finalmente.

Incluso, El Nuevo Día solicitó la información a la Oficina del Poder Judicial y no ha obtenido respuesta.

Ayer, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, confirmó lo que era un secreto a voces: que la Legislatura no atendería los nombramientos que hizo el gobernador Pedro Pierluisi para ocupar las dos vacantes. El Código Electoral indica que, una vez el Tribunal Supremo obtenga conocimiento de lo ocurrido, tendrá 15 días para actuar.

El último día para que la Legislatura actúe es mañana, miércoles. El juez Francisco Rosado Colomer debió terminar sus funciones antes del 1 de julio, fecha límite para designar a un nuevo presidente, pero se mantiene en el cargo ante la situación para escoger a sus sustituto.

En entrevistas por separado, el comisionado electoral Ramón Torres y el comisionado alterno penepé Edwin Mundo reconocieron que no existe una hoja de ruta certera que el alto foro judicial debería seguir para seleccionar a los candidatos y luego pasar juicio en votación.

Por ejemplo, Mundo señaló que tiene “entendido” que el asunto primero sería atendido por un panel de tres jueces, que esos magistrados crearían una lista de posibles candidatos y luego la entregarían al pleno con los nombres de los candidatos que expresen interés.

“Me imagino yo”, sostuvo Mundo al explicar el proceso. “Los evalúan, los llevan al pleno del tribunal y escogen”, indicó al recordar que los jueces podrían enfrentar diversos retos, como candidatos que solo estén dispuestos a asumir la presidencia de la CEE.

“Te puedo aceptar que no hay un proceso establecido que tenga que llevar a cabo el Supremo. Pueden hasta echar los nombres de jueces en una tómbola y escogen”, sostuvo al argumentar que la incertidumbre no es necesariamente un fallo de la Ley Electoral ya que el estatuto firmado el año pasado “no le da instrucciones tampoco” al Supremo.

Torres, entretanto, indicó que el lenguaje vago del artículo 3.7 de la Ley Electoral es otro ejemplo de por qué es necesario hacerle cambios a la ley.

“Aquí no hay un proceso análogo porque el Tribunal Supremo no escoge miembros de la rama ejecutiva, que es lo que esta ley está pidiendo”, dijo Torres. “Es algo totalmente novel, se puede decir que es parecido a como seleccionan al Secretario del Tribunal Supremo, pero es que en esa instancia es para escoger a un funcionario interno del tribunal”.

Torres, contrario a Mundo, especuló que el pleno del Tribunal Supremo estaría involucrado, aunque se desconoce desde cuándo, en el proceso de selección.

Torres sostuvo que lo ideal sería que los seleccionados no vean sus términos expirar antes del 2024 o, de lo contrario, a menos que sean renominados y confirmados a nuevos términos judiciales, se tendría que escoger un nuevo presidente y un nuevo presidente alterno en pleno año electoral.

“No nos llamemos a engaño. Son ocho jueces y de esos ocho, se ha dicho que hay una facción estadista, otra estadolibrista y un disidente. Me gusta llamarlos conservadores y liberales. No tengo duda de que cuando el pleno se reúna, van a traer nombres de ambos lados y cómo los van a considerar se sabrá al interior de ellos porque es algo novel y nunca ha sucedido. Ahora, te adelanto que hay la posibilidad de que se presente un pleito por inconstitucionalidad”, sostuvo Torres al referirse a la posible violación del principio de separación de poderes entre las ramas de gobierno.

Preguntado sobre la posibilidad de retar la constitucionalidad del proceso de selección del presidente y el presidente alterno de la CEE, el comisionado alterno de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jorge Farinacci Fernós, se limitó a indicar que él tiene serias reservas sobre la validez del proceso.

“¿Hasta qué punto el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede nombrar a un jefe de agencia? Entiendo que no puede, tengo mis serias dudas y soy profesor de derecho constitucional”, dijo Farinacci Fernós. Acto seguido, indicó que cualquier reto judicial tendría que aguardar porque se constituya un daño, como pudiera ser que el Tribunal Supremo haga las selecciones. Aún dándose el caso, habría que sopesar quién tendría legitimación activa para llevar el caso.

“Te puedo decir que desde que el Código Electoral estaba en etapa de borrador en el 2020, en las ponencias se consignó que una de las cosas problemáticas de proyecto era el mecanismo de selección del Tribunal Supremo”, dijo Farinacci Fernós. “La Constitución de Puerto Rico no le da el poder a los tribunales a nombrar funcionarios de otras ramas y esto es algo nuevo”.

Al igual que Mundo y Torres, Farinacci Fernós también dijo desconocer qué pasos tomaría el Supremo para seleccionar a los funcionarios y se preguntó por qué se incluyó el requisito, a nivel de la Legislatura, de que los candidatos del Ejecutivo necesitaran dos terceras partes de los votos en ambos cuerpos legislativos cuando ni el nominado a Secretario de Estado necesita tanto apoyo.

“Esto es producto de una ley que está mal diseñada”, dijo.

Farinacci Fernós dijo que espera que el proceso a nivel del Supremo sea más transparente y recordó que podría celebrar una vista pública para para los candidatos. El proceso a nivel de comisionados electorales fue a puerta cerrada, y en la Legislatura, Dalmau Santiago no les dio a los candidatos del gobernador Pierluisi la opción de expresarse en vistas públicas.

“Lo único positivo que tenía el proceso es que sería público”, dijo Farinacci Fernós al referirse al trámite legislativo. “Pero aquí hay un serio problema de equidad política y se necesitan personas que le devuelvan al país la confianza y la legitimidad y la credibilidad de un sistema electoral. La mejor manera era con transparencia y con rendición de cuentas”, afirmó.

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