Un proyecto de ley que propone crear un nuevo esquema para la difusión de información pública podría imponer “nuevas trabas”, según algunos, a la participación ciudadana en los procesos gubernamentales, aunque el gobierno insiste en que se trata de una iniciativa para simplificar y abaratar los trámites de divulgación.

“Este proyecto establece nuevas trabas para la participación ciudadana activa e informada”, advirtió este lunes la directora ejecutiva de la organización Amigxs del M.A.R., Vanessa Uriarte, durante una audiencia pública de la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes, que evaluó el Proyecto de la Cámara 1080.

La propuesta de administración de la gobernadora Jenniffer González enmendaría la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (Ley 38-2017). En específico, propone crear el “Código de Reglamentos” y el “Boletín de Reglamentos de Puerto Rico”, que se convertiría en la plataforma digital oficial del gobierno para publicar, consultar, comentar y dar seguimiento a todos los procesos reglamentarios en un mismo espacio de manera gratuita.

El nuevo formato, según contemplado, dejaría fuera el requisito de que, como parte de los mecanismos de notificación y consulta, se incluya, al menos, un medio de circulación general, lo que ha despertado preocupación entre algunos sectores, que han cuestionado si iría en contra de poblaciones sin acceso digital.

“Si bien es cierto que es necesario modernizar los procesos gubernamentales, el acceso a la información a través de plataformas digitales del gobierno no es una realidad para las comunidades”, sostuvo Uriarte. “Hay una brecha tecnológica muy grande en el país que no podemos ignorar”, agregó.

Pero, según la coordinadora de Eficiencia Gubernamental, la licenciada Verónica Ferraiuoli, “lo que se persigue con el proyecto es que haya más disponibilidad de información”. Señaló que el modelo actual ha demostrado tener un alcance e impacto limitado.

“Cada día, hay menos periódicos, cada día, hay menos copias de menos periódicos, así que cada día más, aunque suene lo contrario, la publicación a través de periódicos le llega a menos personas”, alegó.

Durante la audiencia pública, Ferraiuoli planteó, además, que bajo el esquema vigente, algunas agencias públicas supuestamente hasta se ven imposibilitadas de derogar reglamentos porque no cuentan con los fondos para costear la publicación en un medio impreso. “Esa es una de las razones por las que proponemos un portal digital”, aseguró.

Ferraiuoli dijo que la medida “permite” que las agencias publiquen cualquier adopción o enmienda reglamentaria en sus plataformas sociales, así como en radio, televisión y periódicos, pero -a preguntas de la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez- reconoció que no hay un mandato.

“Hay sectores del país que, simplemente, no tienen acceso al internet”, apuntó Gutiérrez.

Fuera de la ecuación, quedaría también la directriz de la Sección 2.1 de la Ley 38-2017, para que cualquier cambio reglamentario que impacte directamente a una comunidad específica debe ser publicado en un periódico regional que circule en el área donde vivan sus residentes.

El gobierno cuenta, actualmente, con 4,160 reglamentos, el 90% de los cuales no se han revisado en los últimos cinco años, enfatizó Ferraiuoli. Al momento, 343 han sido derogados.

Uriarte planteó que no se oponen a las plataformas digitales como medio de difusión de los procesos reglamentarios, pero recalcó que no se debe eliminar el requisito de publicación en un periódico de circulación general.

“Trabajamos con comunidades que la mayoría de sus componentes son adultos mayores que no tienen acceso a redes sociales..., así que su primera fuente de información sigue siendo el periódico impreso”, apuntó Uriarte.

Al respeto, la licenciada Ferraiuoli reconoció que existe una “brecha digital”, pero aseguró que estudios -de los cuales no se presentaron datos al momento- demuestran que, entre la población de adultos mayores, esa desventaja tecnológica no es un obstáculo para obtener información.

“Cada día más, el acceso a la información a través del teléfono y de las redes es más importante”, argumentó Ferraiuoli.

Como medida para garantizar la difusión de la información, el proyecto de administración establece que el Departamento de Estado, a través de sus centros de servicios integrados, pondrá a disposición de las personas sin herramientas tecnológicas los recursos para que puedan acceder la información. Actualmente, hay 20 de estos centros alrededor de la isla.

Durante su comparecencia, Uriarte aludió a la aprobación del Proyecto del Senado 63, que enmendó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), el cual entiende laceró el derecho a la participación ciudadana. Culminada su presentación, el representante Luis “Junior” Pérez, solicitó que se removiera del récord legislativo dicha expresión, petición a la que accedió el presidente de la comisión legislativa, Ángel Morey.

El profesor William Vázquez Irizarry, quien imparte el curso de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de la Univesidad de Puerto Rico (UPR), opinó que la legislación supone adelantos significativos respecto a la normativa vigente, y mencionó que descansar en publicaciones en un periódico impreso no responde a la realidad si se quiere lograr mayor difusión.

No obstante, planteó preocupación respecto al impacto que podría tener eliminar el requisito actual de publicar en medios de circulación regional, aunque advirtió que habría que determinar si actualmente se cumple esa directriz. Asimismo, sugirió que se enmiende la pieza para que la publicación de la información en las redes sociales de las agencias sea obligatoria y no opcional.

Vázquez Irizarry opinó que una manera de reenfocar la discusión sería mirar con “cautela” cualquier limitación a la participación ciudadana. En esa dirección, dijo que los anuncios informativos deben incluir -tal y como ocurre hoy- que la ciudadanía tiene el derecho a solicitar, ante las agencias correspondientes, la celebración de una vista pública, requisito que se “omite” en la propuesta legislativa. “Eso es algo que hay que añadir”, puntualizó.