La Legislatura aprobó una resolución conjunta para que un comité del Ejecutivo evaluara ceder el teatro Paradise a la Junta Comunitaria de Río Piedras. (semisquare-x3)
La Legislatura aprobó una resolución conjunta para que un comité del Ejecutivo evaluara ceder el teatro Paradise a la Junta Comunitaria de Río Piedras. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un comité de la administración de Ricardo Rosselló Nevares determinó que ceder una propiedad pública deteriorada a la Junta Comunitaria de Río Piedras, para que la rehabilite y convierta en un centro de desarrollo cultural, no es cónsono con su política pública.

Así lo consignó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles cuando rechazó -el 1 de marzo- transferir el antiguo teatro Paradise a la Junta Comunitaria de Río Piedras. Amparó su resolución en que los inmuebles públicos debían venderse al costo del mercado, según el documento en poder de El Nuevo Día.

El representante por el precinto 2 de San Juan, Juan Oscar Morales, informó que enviaría ayer -junto al senador Miguel Romero- una comunicación al presidente del comité, Christian Sobrino, para que reconsidere su posición.

Se ha hecho con otras entidades, y el fin de este traspaso, para mí, no deja de ser un fin público”, expresó, en entrevista con este diario, el representante novoprogresista.

La comunidad riopedrense celebró el 3 de febrero pasado la aprobación de la Resolución Conjunta Número 13, al considerarla un paso importante para la revitalización del casco urbano de Río Piedras. “Luego que estábamos contentos, llega esto y da al traste con todas las posibilidades en un momento en que, hasta el Departamento de la Vivienda e inversionistas, han mirado con buenos ojos ayudarnos”, expresó la presidenta de la junta, Zenia González.

“¿Por qué la negativa a (dar) una propiedad en ruinas, que lleva más de 30 años cerrada, y la comunidad quiere convertirlo en algo bueno?”, agregó.

La denegación ocurrió luego que el gobernador firmó la resolución conjunta, que había sido aprobada con enmiendas sustanciales que condicionaron la cesión del edificio al aval del comité evaluador, creado por la Ley 26-2017.

La medida reconoció la autoridad del comité compuesto por Sobrino, Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, y Raúl Maldonado, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Un mes después que se aprobó la resolución conjunta, el comité denegó ceder la propiedad a la Junta Comunitaria, que tenía ya un diseño hecho por estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para establecer un espacio multiusos, donde se exhibieran obras teatrales, piezas de danza, conciertos, proyecciones de películas y se celebraran reuniones.

En su resolución, el comité declaró que “lo solicitado en la resolución va en contra de la política pública establecida en la Ley 26”. Aseguró que, en su Artículo 5.07, la ley exige que la disposición de bienes se haga por su justo valor en el mercado.

El estatuto establece que el comité también puede disponer de los bienes inmuebles “velando por la utilización de la propiedad para el beneficio del interés público”.

La posición adoptaba en esta instancia por la administración contrasta con la promulgada anteriormente mediante contratos de arrendamiento a entidades educativas privadas.

Entre agosto de 2017 y febrero de este año, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó 23 contratos de arrendamiento de escuelas en desuso, por $1, a entidades como Fountain Christian Bilingual School, del pastor Otoniel Font. Los contratos firmados por el secretario del DTOP, Carlos Contreras, establecen que se fijó ese canon de arrendamiento tomando en cuenta el uso que se le dará a la propiedad “lo cual redunda en un bien común social, en la creación y/o retención de empleos y el desarrollo económico de la comunidad en donde ubica”.

Morales comunicó, además, que al estar involucrado el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), tendría prioridad esta transferencia por ser una entidad cuasi pública.

Desde el 2015, el Paradise ha sido utilizado como un estacionamiento por el Cambridge Technical Institute, mediante un permiso de uso de la Autoridad de Carreteras y Transportación. La institución educativa comenzó a hacer alteraciones a su fachada sin contar con un permiso para ello.


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