El empleado pudo haber realizado declaraciones falsas en cuatro contratos que firmó para prestar servicios en el hospital municipal. (GFR Media)

Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), reveló irregularidades por parte de un empleado que ejercía como médico en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y quién, durante horas laborables, prestó servicios simultáneamente al municipio de San Juan.

La CFSE refirió la conducta detectada, para acción correspondiente, informó en un comunicado.

La OIG llevó a cabo un examen de la información y amplió la investigación en cumplimiento con la facultad ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, reiteró.

A su vez, determinó asumir jurisdicción y ampliar la investigación en la cual se detectó que el servidor público prestó servicios simultáneamente en ambas entidades y en otras ocasiones utilizó el beneficio de sus licencias de enfermedad en la CFSE para realizar labores en un hospital del Municipio de San Juan.

El empleado pudo haber realizado declaraciones falsas en cuatro contratos que firmó para prestar servicios en el hospital municipal, en relación con la certificación y garantía de que no recibía pagos o compensaciones por servicios regulares prestados bajo nombramiento a otra entidad gubernamental.

Las irregularidades identificadas fueron referidas a las entidades correspondientes para evaluar la posible comisión de delitos bajo la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico y la Ley 1-2012, según enmendada conocida como Ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

Debido a que la investigación podrá continuar curso en otros foros u entidades, y para salvaguardar la pulcritud del proceso ante dicho referido, no es posible abundar en más detalles.

No obstante, la OIG tiene entre otras cosas, el compromiso de velar por la fiscalización y buen uso de los fondos del estado, así como garantizar la optimización de los recursos existentes en la Rama Ejecutiva.

La OIG, reiteró además el "compromiso y deber ministerial para promover una sana administración pública".


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