El subcontratista Alberto Velázquez Piñol requería información e impartía instrucciones a diestra y siniestra en el Departamento de Salud (DS) como si fuera el jefe de funcionarios de esa agencia, quienes, a su vez, respondían a sus peticiones como si él estuviera investido de la autoridad para exigirles.

La realidad es que Velázquez Piñol nunca ha sido empleado del gobierno de Puerto Rico, según ha confirmado La Fortaleza. Lo que sí admitió el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, es que Velázquez Piñol fue designado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dentro de un grupo especial (task force) multisectorial que trabajaría el tema de salud.

Sin embargo, el rol que asumió Velázquez Piñol no se limitó “a cabildear al gobierno federal” como parte del Frente por Puerto Rico, que es lo que ha dicho Maceira. Comunicaciones electrónicas que pudo leer El Nuevo Día evidencian que Velázquez Piñol tenía una comunicación constante con los más altos funcionarios del DS e incluso del Departamento de Salud Federal (HHS, en inglés) y con el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés).

Entre marzo y octubre de 2017, Velázquez Piñol envió, recibió y fue copiado en múltiples comunicaciones en las que él pedía o le contestaban requerimientos de información, daba instrucciones y también se le hacía partícipe de estrategias y asuntos programáticos de esa agencia.

El correo electrónico usado por Velázquez Piñol era uno personal, por lo que no se puede determinar si en los momentos que requería datos e información de asuntos oficiales, sus servicios ya habían sido contratados por la firma BDO Puerto Rico o si sus comunicaciones estaban ligadas a la designación que le había hecho el gobernador.

BDO Puerto Rico ha confirmado que Velázquez Piñol fue contratista suyo, pero no ha precisado las funciones delegadas dentro del gobierno de Puerto Rico ni el tiempo que duró su contratación, que ya fue suspendida. Los contratos gubernamentales de BDO por los pasados dos años y medio superan los $50 millones.

Al menos, del contenido de los correos electrónicos lo único que se infiere es que los funcionarios públicos entendían que sus peticiones eran producto del rol en el task force, incluyendo a Frances Ortiz Molina, asesora de la oficina de Oportunidades Federales de La Fortaleza, quien lo mantenía al tanto sobre fondos disponibles mediante propuestas.

Este diario pudo ver algunos correos electrónicos surgidos de una empleada de BDO, quien le copiaba a Velázquez Piñol junto a Milady Gómez, ayudante especial del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

Asimismo, correos emitidos por altos funcionarios del HHS y de CMS copian a Velázquez Piñol asuntos oficiales relacionados con las propuestas y planes del Departamento de Salud local. Algunos de estos planes estaban vinculados con asistencia relacionada al huracán María.

De uno de los correos electrónicos se desprende que Velázquez Piñol trabajó junto a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, asuntos relacionados con el plan de mitigación que debía ser aprobado por CMS.

Un gran jurado que sesiona en Puerto Rico ha requerido información a La Fortaleza sobre las funciones de Velázquez Piñol, según confirmó el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, quien compareció ante ese gran jurado.

Poco después de esa comparecencia, La Fortaleza le aceptó la renuncia a Ávila, quien ha negado que su casa haya sido allanada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Preocupa la repercusión

La investigación en torno a Velázquez Piñol, la renuncia de Ávila, los rumores de que el secretario de Salud también renunciará y que un exfuncionario y estrecho colaborador del gobierno, el doctor Luis Martínez Suárez, sea vinculado a la investigación federal abonan a la preocupación de miembros del sector de la salud sobre la posibilidad de un quebranto mayor en la Reforma de Salud.

“Se va a afectar el sistema, y los pobres se van a ver limitados en acceso y calidad de servicios”, advirtió el doctor Ibrahim Pérez, analista en salud.

Según el médico, estas situaciones podrían provocar un éxodo mayor de profesionales de la salud, y reducir los recursos disponibles para atender a los asegurados de la Reforma.

“Más allá del problema económico por falta de fondos para mantener la Reforma viable, si el liderato se afecta, en lo que la agencia se repone, se va a crear un problema mayor”, enfatizó Pérez.

Recordó que ya ASES, brazo gubernamental encargado de administrar el Plan de Salud del Gobierno, estuvo bajo la sindicatura del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en 2011.

Para José Sánchez, de la Asociación de Laboratorios Clínicos, hay versiones de que, ante todo este escenario, el CMS tome el control del programa Medicaid en Puerto Rico.

“Hace tiempo los están velando (en ASES). Desde hace décadas, se han hecho denuncias. Debemos estar agradecidos de que el huracán María destapó este desmadre que hay”, sostuvo Sánchez.

Opinó, además, que la ruta a seguir debería ser una transición hacia un nuevo modelo de administración de los servicios de salud.

“Un organismo como el Consejo Multisectorial de Salud debería supervisar la transparencia en la utilización y el manejo de los fondos del programa (de Medicaid)”, señaló Sánchez.

Para el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos, lo “más triste y lamentable” de estas situaciones es que afectan los esfuerzos que se han hecho en Washington D.C. para allegar más fondos federales al programa Medicaid.

“Es un golpe a la credibilidad y a la búsqueda de fondos”, afirmó, al advertir que, de no recibir más fondos federales para la Reforma, todo el sistema de salud del país colapsaría.