El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, indicó que el IGT no incluye los fondos que dejaron de recibir los municipios por concepto de créditos contributivos. (Angel Luis García)

La publicación del Informe de Gasto Tributario (IGT) constituye un hito en materia de divulgación financiera, pero este solo refleja los recaudos que dejó de recibir el gobierno central y no otras estructuras gubernamentales, reconoció el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

“Aquí no está el gasto tributario del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), ni los que se otorgan desde los municipios”, dijo Parés Alicea.

Ayer, El Nuevo Día reseñó algunos datos del IGT 2017 publicado este mes. Es la primera vez que Puerto Rico publica un informe que ya es la norma en decenas de países del mundo.

En el agregado, durante el 2017, el Fondo General dejó de ingresar unos $20,614 millones como secuela de los beneficios contributivos que otorga. El 80% de esos beneficios especiales va al sector industrial.

Sin embargo, las cifras no incluyen los recaudos que pierden los municipios como resultado de los tratos preferenciales. Cuando una empresa se establece en un municipio, los decretos que otorga el gobierno central le libran del pago de patentes, impuestos sobre el inventario o sobre inmuebles, entre otros.

En tiempo reciente, bajo el argumento de mover el inventario de propiedades reposeídas y como parte de las Zonas de Oportunidad, se aprobaron leyes que eximen del pago de contribución inmueble a quienes, de por sí, compran propiedades casi a precio de remate.

“Comprometidos con una política fiscal de transparencia, hemos publicado en nuestra página de internet el (IGT) 2017”, dijo, por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, al anunciar la publicación del reporte.

El documento figura entre los informes de divulgación que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha requerido al gobierno a través del plan fiscal.

(Este informe) nos ayudará a entender más a fondo nuestro sistema contributivo y a ayudar a perfeccionar el desarrollo e implantación de políticas fiscales futuras”, indicó la gobernadora.

El IGT 2017 sale a la luz mientras se desconoce la suerte del Comité de Créditos Contributivos, un grupo que se creó al interior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) cuando se aprobó la ley orgánica de la agencia.

En noviembre del año pasado, la JSF pidió al gobierno reactivar el comité, luego que el grupo quedara inoperante, lo que abrió la puerta para la aprobación de sobre $500 millones en estos beneficios en medio de la crisis fiscal.

Fuentes de este diario aseguran que Gerardo Portela Franco salió de la dirección de la Aafaf, en agosto de 2018, porque se negó repetidamente a presiones de diversas figuras allegadas al partido de gobierno para desactivar el comité. Luego de su llegada a la Aafaf, Christian Sobrino Vega confirmó que había desarticulado el comité porque el gobierno ya no tenía retos de liquidez. Luego de desactivarse el grupo de trabajo, el gobierno otorgó los $500 millones que cuestionó la JSF. El tema es objeto de una investigación federal, según fuentes de este diario.

Hace unos tres años, el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza planteó divulgar el IGT como uno de los objetivos de transparencia del gobierno, pues permite saber, en dólares y centavos, cuánto invierte el fisco para promover ciertas actividades, como el ahorro entre individuos, la compra de un hogar o la creación de empleos.

Según el IGT 2017, para ese año, había vigentes 302 tratos especiales de tipo impositivo; unos 104 beneficios tributarios se dirigían a los individuos y otros 142 a corporaciones.

La diferencia son beneficios que pueden favorecer tanto a personas como empresas y organizaciones sin fines de lucro, pues se otorgan a través del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y de los arbitrios.


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