Agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a Carlos Cabrera González, un hombre de 58 años y residente de Hatillo, por cargos criminales relacionados con la explotación infantil.

El fiscal federal interino del Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó, informó que el 12 de agosto un gran jurado federal acusó formalmente a Cabrera González por cargos relacionados con la recepción, el transporte y la posesión de material de explotación infantil.

Según documentos judiciales, desde aproximadamente febrero de 2024 hasta mayo de 2026, el acusado, Cabrera González, recibió y transportó deliberadamente material de explotación infantil mediante dispositivos electrónicos.

Además, utilizó dispositivos electrónicos, como un teléfono móvil Samsung A12, una tableta Samsung Tab A y una computadora portátil Lenovo IdeaPad, para poseer imágenes de pornografía infantil, incluidas fotos de un menor que no había cumplido los 12 años de edad.

“Continuaremos investigando, procesando y llevando ante la justicia a cualquier persona que victimice a niños en nuestras comunidades”, declaró Ramírez-Carbó en un comunicado de prensa.

El funcionario dijo que para el ICE no existe otra prioridad mayor, que proteger a niños de depredadores sexuales. “Ver y poseer material de abuso sexual infantil constituye una de las conductas delictivas más graves”, dijo.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan, comentó que “la explotación infantil es un delito atroz que deja un trauma duradero, y HSI de ICE está comprometido a perseguir incansablemente a quienes buscan victimizar a las personas más vulnerables entre nosotros”.

“Estos delitos conllevan severas penas bajo la ley federal y utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para responsabilizar a los perpetradores. Mientras los estudiantes regresan a las aulas, exhorto a todos los padres, tutores y educadores a mantenerse vigilantes respecto a la seguridad en internet. Por favor, familiarícense con la campaña Know2Protect y sus recursos para ayudarnos a crear un entorno digital más seguro para nuestros niños”, agregó.

Si el acusado es declarado culpable de los cargos que enfrenta, podría recibir de cinco a 20 años de prisión por recepción de material de explotación infantil; de cinco a 20 años de prisión por transporte de material de explotación infantil y hasta un máximo de 20 años de prisión por posesión de pornografía infantil.

Según la Fiscalía federal, todos los cargos por los que sea declarado culpable conllevarán además un período de libertad supervisada después de cumplir la pena de prisión.

“Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Guías Federales de Sentencias de Estados Unidos y otros factores establecidos por ley”, detalló la dependencia.

La fiscal federal adjunta Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos Contra Menores, Trata de Personas e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso. Mientras que el Grupo de Trabajo contra los Delitos hacia Menores de Puerto Rico, dirigido por HSI, está a cargo de la investigación.