El Tribunal Federal en San Juan le negó la libertad bajo fianza a Israel Arroyo Chiqués, acusado por cargos de pornografía infantil.

Después de haber sido arrestado la semana pasada, Arroyo Chiqués, hermano del exalcalde de Aguas Buenas Luis Arroyo Chiqués, compareció ayer, lunes, a una vista inicial.

Según las minutas de la audiencia, su defensa presentó una alegación de no culpable y argumentó a favor de condiciones de libertad bajo fianza, mientras que la Fiscalía federal solicitó que fuera ingresado a prisión.

Tras escuchar las partes, el magistrado federal Héctor Ramos Vega ordenó por escrito que permanezca ingresado en prisión por el resto del proceso judicial.

El magistrado indicó en la orden que el Ministerio Público “presentó pruebas de que el acusado mantuvo extensas comunicaciones de contenido sexual explícito con al menos dos menores varones, en las que, entre otras cosas, ofreció dinero y objetos de valor a cambio de contacto sexual”.

“Según las propias confesiones del acusado, el menor de 14 años pasó tiempo en la casa del acusado hasta altas horas de la madrugada”, apuntó el magistrado.

Agregó que Arroyo Chiqués, además, “le proporcionó un teléfono celular al menor para comunicarse con él. El acusado también intercambió videos e imágenes de pornografía infantil con los menores, y se encontró pornografía infantil en sus dispositivos, incluyendo imágenes de un aparente menor varón (de 12 años) que aún no ha sido identificado por el gobierno”.

“Al Tribunal también le preocupa la posibilidad de que el acusado ya haya tenido o tenga contacto sexual con menores mientras padecía una enfermedad crónica de transmisión sexual. Además, en el momento del arresto, el acusado consumía sustancias controladas, incluidas cocaína y marihuana”, afirmó.

Asimismo, explicó que la única persona que podía fungir como custodio del acusado vive en las inmediaciones de un parque recreativo, por lo que no cualifica.

De acuerdo con el pliego entregado por un gran jurado, Arroyo Chiqués, de 63 años y residente en Caguas, enfrenta cargos por presunta coerción e incitación de un menor, recibo y distribución de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil.

De resultar convicto, la Fiscalía federal informó que se expone a penas que incluyen un mínimo obligatorio de 10 años de prisión hasta cadena perpetua por el cargo de coerción e incitación de un menor, de cinco a 20 años de prisión por recibo y distribución de material de explotación infantil, y un máximo de 20 años por posesión de pornografía infantil.