La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan (HSI, por sus siglas en inglés) reportó un aumento de arrestos en casos por explotación infantil.

El subdirector interino de la agencia en San Juan, Francisco Calderón, indicó que faltando tres meses para que termine el presente año fiscal federal (octubre 2025 a septiembre 2026), ya superaron el total de detenciones de todo el año fiscal federal pasado.

“El año fiscal federal pasado tuvimos 25 arrestos por explotación infantil. A la fecha de hoy, este año llevamos 29. Es un aumento considerable, porque nos faltan tres meses del año fiscal”, indicó Calderón, en entrevista con El Nuevo Día.

Solamente en las últimas dos semanas han arrestado a cinco personas en Puerto Rico y uno en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Uno de los detenidos fue Israel Arroyo Chiqués, de 63 años y hermano del exalcalde de Aguas Buenas. Fue acusado por coerción y seducción de un menor, recepción y distribución, y posesión de pornografía infantil, que involucraba a un menor de 14 años, informó HSI.

Por otro lado, Giovanni Almeyda Lonergan, de 40 años, quien ya tenía casos previos en el estado de Florida, fue acusado por poseer y transportar pornografía infantil.

En otro caso, Alejandro Morales Valera, de 25 años de edad, y Gabriel Andrés Vélez Ramírez, de 28 años, también fueron arrestados explotación infantil. Los cargos alegan que emplearon, persuadieron y coaccionaron a un niño de cinco años de edad para “producir material visual explícito usando un celular entre mayo y junio de 2026”.

“Esto es un crimen atroz... robarle la inocencia a un niño, marcarlo de por vida y hacerlo pasar por experiencia traumática, hasta que son rescatados”, manifestó.

Calderón señaló que han estado observando un patrón que apunta a más víctimas menores de edad masculinos.

Según HSI, de los 29 adultos arrestados en este año fiscal federal, en 11 de los casos las víctimas fueron menores masculinos.

“Hay un aumento en la victimización de los varones. Las edades van desde infantes hasta adolescentes de 16 y 17 años”, resaltó.

Mientras, según Calderón, los investigadores también han observado que no hay un perfil único de los depredadores. Por ejemplo, destacó que este año han arrestado a personas entre los 19 y 63 años de edad.

“Es variado. Hemos arrestado de diferentes clases sociales y profesiones, como maestros, policías, doctores, empleados federales, guardias de seguridad, familiares o tutores de víctimas, líderes religiosos... hombres y mujeres”, manifestó.

Recordó que algunos de los casos han sido llegado al tribunal mediante denuncias o querellas por agentes federales cuando hay urgencia, mientras que otros han sido a través de acusaciones de gran jurado para atender investigaciones que han durado más tiempo.

“Si vemos que el victimario tiene acceso directo a la víctima, eso es una prioridad de urgencia”, apuntó Calderón, al explicar que usualmente esos son caso en los que el crimen es cometido por “un familiar que tiene acceso directo a la víctima, para coaccionar al menor”.

“Si se trata de producción o intercambio (de pornografía infantil), pues se consulta con la Fiscalía y se busca una acusación”, añadió.

Debido al tiempo que toma preparar los casos, algunos de los arrestados este año están enfrentando alegaciones de sucesos ocurridos en años anteriores.

Mientras, en lo que va de este año fiscal federal han identificado 38 víctimas, mientras que el periodo de octubre 2024-septiembre 2025 culminó con 91.

Calderón indicó que la comparación de ambas cifras no necesariamente es indicativo de una reducción en la incidencia de casos, por varias razones.

Por un lado, detalló que en ocasiones un solo depredador puede tener más de una víctima. También estas cifras reflejan los casos que llegan a las autoridades después de la víctimas que han buscado ayuda de las autoridades o que algún allegado ha levantado la voz de alerta.

“Y no solamente identificamos víctimas a las que el depredador tuvo acceso directo, sino también a alguien que está en imágenes que están siendo intercambiadas a través de red social”, abundó.

Para ese trabajo, Calderón dijo que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) ha aumentado capacidad luego de que el congreso aprobara un aumento en el presupuesto de la agencia para contratar analistas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para identificar víctimas de imágenes compartidas en plataformas como las redes sociales, en páginas de Internet y lo que llaman el “dark web”. Dijo que, además, en Puerto Rico, también han aumentado la capacidad en el laboratorio de HSI que presta servicio a otras agencias estatales, federales a internacionales.

Expuso que la tendencia de menores víctimas de producción de explotación infantil continúa siendo después de acercamientos que reciben a través de “redes sociales, chats, Telegram o WhatsApp, así como por vídeos juegos como “Roblox, donde sabemos que hay múltiples depredadores haciéndose pasar como si fueran menores de edad”.

“Van haciéndose amiguitos intercambiando cosas y luego la temática va cambiando hacia ‘grooming’ para coaccionarlos a producir imágenes. Cuando las reciben, empiezan a extorsionarlos para que les envíen más imágenes”, precisó.

Calderón dijo que cuando ambos tienen alguna cercanía geográfica, el depredador a veces obliga al menor a encontrarse en algún lugar para agredirlo sexualmente.

“También hemos visto a los que se dedican a coleccionar esas imágenes. Hemos tenido casos donde se han revisado sus dispositivos y les han encontrado más de 20,000 imágenes de explotación infantil”, lamentó.

Además de los casos que llegan por rastreo digital, del NCMEC o por policías, HSI también recibe denuncias directas de víctimas a través del 787-729-6969.

“A veces comienza con un padre, madre, familiar o tutor que vio algo en el celular del menor o que ve lo ve llegar con regalos caros a los que el menor no tendría acceso. O es por algún maestro o trabajador social que vio o supo algo. Ahí se genera una querella y se envía a alguien a entrevistar. Así comienza”, relató.

“Las víctimas deben saber que tenemos un grupo multidisciplinario especializado” que participa en las distintas etapas de proceso, incluyendo “asistente a víctimas. También se coordina” con la Universidad Carlos Albizu “para seguimiento con ayuda sicológica para tratar el trauma”, apuntó.

De acuerdo con la Fiscalía federal, el cargo de producción de material de explotación infantil conlleva una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y puede alcanzar cadena perpetua.

Los cargos de recepción y distribución contemplan penas de entre 5 y 20 años de prisión, mientras que la posesión puede conllevar hasta 20 años de cárcel.