Dos hombres puertorriqueños enfrentan cargos a nivel federal por delitos relacionados con la presunta explotación sexual de un niño de cinco años.

Los acusados fueron identificados como Alejandro Morales Varela, de 25 años y residente de Arecibo, y Gabriel Andrés Vélez Ramírez, de 28 y vecino de Lajas, anunció la Fiscalía federal en Puerto Rico.

De acuerdo con las autoridades federales, Morales Varela fue arrestado el 26 de junio mediante una denuncia penal, mientras que Vélez Ramírez fue detenido el 8 de julio. Ambas detenciones fueron realizadas por agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Según documentos judiciales, entre mayo y junio de 2026, los dos hombres presuntamente actuaron en conjunto para persuadir, inducir, incitar y coaccionar a un menor de 5 años para participar en conducta sexualmente explícita con el propósito de crear material visual utilizando un teléfono celular.

Además de los cargos relacionados con la producción del material, la acusación también incluye alegaciones de recepción, distribución y posesión de material de explotación infantil.

“Para el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico no existen casos más importantes que los relacionados con delitos contra los niños”, afirmó Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.

Indicó que las autoridades continuarán investigando y procesando a quienes cometan estos crímenes.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan, señaló que la agencia ha realizado múltiples arrestos recientes relacionados con delitos de explotación infantil en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Ramos destacó que las investigaciones buscan identificar víctimas, detener a los responsables y fortalecer la colaboración entre agencias.

“En las últimas dos semanas, HSI San Juan ha realizado seis arrestos por delitos de explotación infantil, con sospechosos de edades entre 19 y 63 años, en múltiples comunidades de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Estos arrestos reafirman nuestro compromiso inquebrantable de proteger a los niños”, comentó, en el comunicado de prensa.

La investigación está a cargo del Grupo de Trabajo de Puerto Rico contra los Delitos hacia los Niños, dirigido por HSI. La fiscal federal auxiliar Elba Gorbea, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata Humana e Inmigración, está procesando el caso.

De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas severas. El cargo de producción de material de explotación infantil conlleva una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y puede alcanzar cadena perpetua.

Mientras tanto, los cargos de recepción y distribución contemplan penas de entre 5 y 20 años de prisión, mientras que la posesión puede conllevar hasta 20 años de cárcel. Además, podrían estar sujetos a períodos prolongados de libertad supervisada.

El caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos creada para combatir la explotación y el abuso sexual infantil, particularmente aquellos delitos cometidos mediante internet y otras tecnologías.

Las autoridades recordaron que una acusación formal constituye únicamente una alegación y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.