Agentes de la Policía allanaron, en la tarde de este jueves, la residencia de Carlos Manuel Estefano Pino, el hombre que figura como principal sospechoso en el asesinato de la enfermera Jennifer Torres Castro registrado el 24 de junio en Caguas.

El teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, confirmó que la orden de allanamiento se ejecutó en la presunta residencia utilizada por Estefano Pino ubicada en Gurabo.

No obstante, el oficial no ofreció detalles en cuanto a si se ocupó evidencia al resaltar que es una investigación en curso.

Por su parte, el Departamento de Justicia sostuvo, en declaraciones escritas, que “como parte de la pesquisa activa que llevan a cabo la Policía y el Departamento de Justicia, se están realizando todas las gestiones investigativas requeridas para el adecuado esclarecimiento de los hechos. Los procesos de investigación son confidenciales, por lo que no estaremos emitiendo declaraciones adicionales en esta etapa”.

Estefano Pino fue arrestado el 1 de julio en el centro comercial Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta, luego que la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) revocó su libertad condicional al no contactar a su oficial probatorio y tras conocer que era sospechoso de un asesinato.

Estefano Pino cumplía una condena de 167 años en prisión por el asesinato de una mujer registrado en la década de los 90, al igual que por cargos de violación y robo. Sin embargo, el hombre de 67 años fue excarcelado en 2018 tras cumplir con los requisitos de la JLBP.

El cuerpo de Torres Castro, madre de dos menores, fue encontrado el 24 de junio en su hogar en el sector Quebrada Arenas de Caguas. En principio, la Policía investigaba el caso como una “muerte sin causa determinada”, pero tras la autopsia e informe entregado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), su muerte se reclasificó como un asesinato.

“Luego de ser analizado el cuerpo de Torres Castro en el Instituto de Ciencias Forenses, la patóloga forense Paola Luna García certificó que la causa de muerte fue de forma violenta”, consignó la Uniformada el 5 de julio.

“Desde 2018 está liberado. Sí, se ha dado seguimiento a las vistas. No había presentado ningún problema. Tenía buenos ajustes. Pero, desde el viernes, la oficial socio penal que atiende el caso de este liberado trajo un informe de querella de que era sospechoso en un asesinato. Entonces, los miembros de la Junta entendimos emitir la orden de arresto”, dijo Samuel Silva Rosas, presidente de la JLBP, en una entrevista con El Nuevo Día publicada el 1 de julio.

Pese a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) había informado, en comunicado de prensa, que Estefano Pino fue liberado en 2023, Silva Rosas aclaró que su privilegio se concedió en 2018, antes que entrara en vigor la Ley 85 que acortó los términos para que la JLBP tuviera jurisdicción de evaluar solicitudes de confinados para salir de prisión.

“Fue arrestado y eso conlleva un proceso de revocación de la libertad. Ahora, lo traen y se da la vista sumaria, inicial y final, para evaluar si se le continúa concediendo ese privilegio”, detalló.

Silva Rosas sostuvo que Estefano Pino era un joven de 20 años cuando fue encontrado culpable por el asesinato de una mujer y otros delitos contra mujeres, pero recalcó que no puede “certificar si tiene más asesinatos” previos a su convicción, en 1990, como ha trascendido en otros medios.

Al salir de prisión, Estefano Pino participó del programa de rehabilitación Teen Challenge, en 2018. “Él cumplió con el programa y, después, siguió asistiendo a las vistas de seguimiento, que son anuales”, puntualizó.

Al comparar este caso con el de Hermes Ávila Vázquez, otro convicto que engañó a las autoridades para salir de prisión con un pase de salud y volver a asesinar a una mujer, en 2024, Silva Rosas estableció que la JLBP no tuvo nada que ver en ese proceso.