Un gran jurado acusó al contable Gian Carlo Piovanetti de, supuestamente, malversar millones en fondos bancarios, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

La Fiscalía federal resaltó, en declaraciones escritas, que, según el pliego acusatorio, Piovanetti participó en la malversación de aproximadamente $11 millones de un fondo de capital privado que administraba como parte de su empleo y su relación con una institución financiera local.

En enero de este año, El Nuevo Día publicó que Popular Mezzanine Fund, LLC., (PMF) demandó a Piovanetti, uno de sus exadministradores, por presuntamente desviar ilegalmente millones de dólares cuando este asesoraba al fondo de capital privado, incurriendo en prácticas que también resultaron en la revocación de sus licencias como corredor de valores por parte de la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (FINRA).

Según la Fiscalía federal, el pliego sostiene que el acusado realizó una serie de transferencias no autorizadas de activos del fondo bajo la custodia y el control de la institución financiera.

“Piovanetti, en secreto y contraviniendo su deber fiduciario, utilizó las ganancias del fraude para adquirir artículos de lujo para sí mismo y para terceros, incluyendo a sus familiares, así como para pagar saldos adeudados en tarjetas de crédito y para la compra de bienes raíces. Entre el 6 de mayo de 2024 y el 1 de julio de 2024, el acusado malversó, y fue cómplice de la malversación, de aproximadamente $11,266,493.00 de los fondos de la cuenta de depósito del fondo de capital privado”, detalló el Ministerio Público.

La Fiscalía federal añadió que “estas transacciones no guardaban relación con las inversiones permitidas por el fondo, no fueron aprobadas por el Comité de Inversiones del fondo y carecían de un propósito válido para un fondo de capital privado”.

Asimismo, señaló que algunas de las transacciones ilegales ejecutadas por el acusado ascendieron a miles, y en ocasiones, a más de un millón de dólares.

Otras transacciones beneficiaron a empresas que el acusado y sus familiares controlaban, incluyendo la compra de un Porsche Cayenne Coupé 2024 registrado a nombre de su esposa y la adquisición de opciones de compra de apartamentos fuera de Puerto Rico.

“Según consta en la acusación, esta persona se enriqueció a sí mismo y a sus familiares gastando millones de dólares que no le pertenecían. El acusado incumplió sus deberes fiduciarios y traicionó la confianza que su empleador y sus clientes depositaron en él”, indicó el director interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, en declaraciones escritas.

El Nuevo Día publicó ayer que Fernando Antonio Llavona Torres, propietario y fundador de las casas productoras Kassia y FLT Entertainment, demandó a Piovanetti y a su esposa, y reclamó una indemnización millonaria contra PMF, como parte del pleito que enfrentan las partes.

Piovanetti presentó su contestación a la demanda, pero se amparó en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para no autoincriminarse, al alegar que es objeto de una investigación federal.

Según la contestación, el Departamento de Justicia federal le notificó mediante un target letter (una notificación oficial que alerta a una persona que está bajo investigación) que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) mantiene una pesquisa en su contra y le advirtió que cualquier declaración podría ser utilizada en un proceso penal.

“Este arresto subraya el compromiso del FBI de perseguir delitos financieros complejos y salvaguardar la integridad de nuestras instituciones financieras”, afirmó Carlos R. Goris, Agente Especial a Cargo de la Oficina del FBI en San Juan. “La malversación y el lavado de dinero no son delitos sin víctimas; erosionan la confianza pública y perjudican nuestra economía. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de la Fiscalía Federal para garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento del estado de derecho”.

Piovanetti enfrenta un cargo de malversación de fondos bancarios, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cinco cargos de lavado de dinero.

El acusado estaba previsto a comparecer hoy ante el magistrado federal Héctor Ramos Vega, del Tribunal federal en Hato Rey.

De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión.