De un total de 170 empelados entre 2017 y 2018, el número actual de telecomunicadores en el sistema es 113. (GFR Media)

Los empelados del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 serían recibidos este lunes por la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, para discutir la situación fiscal de dicha instrumentalidad y un denunciado desvío de fondos, pero la funcionaria no los atendió.

“Nosotros fuimos a La Fortaleza esperando que Zoé Laboy abordara el tema, pero nos recibió un asesor, José Ramírez, y lo único que conseguimos fue un compromiso de él, que iba a hablar con ella (Laboy)”, sostuvo Aramis Cruz, presidente local 3010 de Communications Workers of America, unión que representa a los empleados del 9-1-1, en expresiones a El Nuevo Día.

Cruz sostuvo que el 30 de mayo se aprobó en el proyecto de ley 1059, que busca detener el desvió de fondos del Sistema de Emergencias, el 9-1-1 “sigue en peligro”, dado que la Cámara de Representantes no ha visto el proyecto.

“Laboy es exmiembro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado y ella entiende este proyecto, ella le votó a favor, y no necesitamos ese tipo de compromiso ya (del asesor con los empleados), lo que necesitamos es acción”, apuntó Cruz.

El portavoz de los empleados dijo que el proyecto 1059 está particularmente en manos del representante Antonio “Tony” Soto, quien preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “Promesa", a la que fue referida la medida. Cruz manifestó que, aunque solicitaron una reunión con Soto y le han hecho llamados, el representante no ha ofrecido “ninguna respuesta”.

“Mientras el tiempo siga pasando y este proyecto 1059 no se apruebe, vamos a seguir teniendo un 9-1-1 que no responde y eso es lo que estamos tratando de arreglar”, expresó Cruz, al tiempo que dijo que la falta de fondos y equipo tecnológico ha provocado la salida de empleados, mientras el tiempo de espera en llamadas al 9-1-1 ha alcanzado hasta los dos minutos en ocasiones. De un total de 170 empelados entre 2017 y 2018, el número actual de telecomunicadores en el sistema es 113.

El líder sindical manifestó que, de cara a una emergencia como el posible paso de un sistema atmosférico como Karen, el Sistema 9-1-1 “no está listo” para enfrentarla y ofrecer el servicio adecuado a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, no ha respondido a las peticiones de reunión para discutir la medida, “que detendría de una vez y por todas el desvío de fondos que viene sufriendo el Sistema de Emergencias 9-1-1 desdeel 2014 a raíz de la aprobación de la Ley 66”.

Esa ley, explicó Cruz, permite que se saque dinero del 9-1-1, al tiempo que incumple estatutos federales que indican que los fondos destinados para el Sistema de Emergencia solo se pueden usar única y exclusivamente para ese fin.

La medida 1059, de hecho, sostiene que busca “garantizar que el uso de fondos recibidos por el Sistema de Emergencias 9-1-1 se utilicen de acuerdo con la regulación federal vigente, garantizar su independencia fiscal y prohibir el uso de dichos fondos para propósitos contrarios a esta legislación y a la regulación federal aplicable”.


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