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La portavoz de Promedical Equipment, compañía australiana a la que presuntamente Apex General Contractor le compraría el millón de pruebas rápidas para detectar COVID-19 que pretendía vender al gobierno de Puerto Rico, reiteró, hoy viernes, que nunca existió un acuerdo de ventas entre esa empresa y la compañía puertorriqueña o su intermediario.

A través de un correo electrónico enviado a la periodista Valeria Collazo, del programa Jay y sus Rayos X, Promedical explicó que para que se concrete una relación de negocios con esa compañía tiene que cumplirse con siete pasos. 501 Nutrition, una empresa en los Estados Unidos que según ha sido reportado era el intermediario entre Apex y Promedical, se quedó apenas en el segundo paso de ese proceso comercial.

Es decir, 501 Nutrition manifestó su interés de adquirir las pruebas y una vez recibió la factura o cotización para la compra no hizo ninguna otra gestión, según Promedical. La empresa dijo que 501 Nutrition ni siquiera envió a Promedical la confirmación de que aceptaba el precio que le cobrarían por las pruebas lo que se requiere antes de firmar un acuerdo de ventas.

Esos dos pasos, según el trámite de la empresa, tienen que ocurrir antes de que se efectué el pago y despacho de las pruebas.

La factura enviada por Promedical a 501 Nutrition fue el 31 de marzo. Es decir, que el aparente proveedor de Apex no tenía las pruebas el 26 de marzo, fecha en que el gobierno de Puerto Rico firmó el contrato con Apex y le dio un adelanto de $19 millones. Tampoco las tenía el 31 de marzo que era la fecha que Apex había dicho que entregaría esas pruebas rápidas al Departamento de Salud.

“No entendemos cómo cualquiera de las partes mencionadas podría esperar que llegara a Puerto Rico 1,000,000 de kits de pruebas, el mismo día en que las partes mencionadas hicieron un pedido a Promedical, sin que se realizara ningún pago a Promedical por los productos”, manifestó la portavoz de Promedical Equipment en las declaraciones que envió a Collazo.

La fecha de entrega, de cinco días, prometida por Apex fue el criterio que prevaleció para que el Departamentode Salud y elgrupo asesor médico de la gobernadora Wanda Vázquez decidieran comprar estas pruebas a $38 la unidad sobre cualquier otra oferta, según ha reiterado la exsecretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud, Adil Rosa.

De hecho, ayer la primera ejecutiva hizo alusión a esos cinco días de entrega como un factor determinante para la compra.

Desde que El Nuevo Día comenzó a publicar, el 5 de abril, sobre la orden de compra de $38 millones que Salud y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) hicieron a Apex, nunca los representantes de esa empresa Robert Rodríguez López y Juan Maldonado de Jesús, hicieron referencia a este diario sobre la participación de 501 Nutrition como su intermediario en la gestión de adquirir las pruebas rápidas.

En la madrugada del 26 de marzo, Apex envió una factura o cotización a Salud en el que estableció el precio de $38 la unidad y requería el 50% del monto total del costo de las pruebas. Ese precio, según ha trascendido en las vistas de la Cámara de Representantes era originalmente de $74.95 la unidad. Promedical Equipment ha dicho que sus pruebas rápidas tienen un valor de menos de la mitad de los $38 facturados al gobierno de Puerto Rico.

Ese mismo 26 de marzo, la Nmead firmó un contrato con Apex, cuya validez ha sido cuestionada porque el firmante, el empresario naviero Aaron Vick, ha dicho que esa firma no es suya ni tiene relaciones de negocios con Apex. No ha trascendido hasta ahora ninguna evidencia de que para la fecha de la firma del contrato Apex, o algún intermediario o representante suyo, tuviera acuerdo alguno con Promedical, que es el nombre que aparece en la orden de compra como el supidor de las pruebas.

Finalmente, el 2 de abril, la Nmead decidió cancelar la compra a Apex presuntamente porque no se entregaron el 31 de marzo como establecía el contrato, según la carta de cancelación enviada por esa agencia a su contratista.

En tanto, el secretario de Salud Lorenzo González sostuvo en una misiva enviada a la Nmead que ese acuerdo con Apex debía ser cancelado y recuperado los $19 millones que se le adelantaron a la empresa porque supuestamente no cumplían “con los requerimientos” de la FDA, lo que ha sido negado por Apex.