La eliminación de las terapias de conversión fue una promesa incluida en el Plan para Puerto Rico del PNP (semisquare-x3)
La eliminación de las terapias de conversión fue una promesa incluida en el Plan para Puerto Rico del PNP. (EFE)

La jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Suzanne Roig, favoreció ayer que se prohíban las terapias de conversión en la isla, ante la ausencia de evidencia científica que certifique su eficacia.

“Ciertamente, no es una terapia recomendada, no es una práctica basada en evidencia. Los profesionales serios, responsables y licenciados que estamos dirigidos por organizaciones profesionales y por licencias otorgadas por el Estado ciertamente estamos obligados a utilizar prácticas basadas en evidencia”, dijo la funcionaria.

La terapia de conversión sexual, también conocida como terapia de reorientación sexual, incluye métodos no aceptados por las ciencias de la salud enfocados al cambio de la orientación sexual de homosexuales y bisexuales.

Para ello, agregó Roig, utilizan descargas eléctricas, drogas que inducen al vómito, aversión a la sexualidad y métodos “apoyados exclusivamente en fundamentos cristianos y espirituales”.

“Ninguna de estas prácticas se ha documentado científicamente que funcionan. En contraste, existe evidencia científica del daño físico y psicológico que provocan”, señaló Roig.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la homosexualidad, en ninguna de sus manifestaciones individuales, es un trastorno o enfermedad y, por eso, no requiere cura.

“Cualquier proyecto legislativo que proponga limitar el acceso a los padres frente a las necesidades de salud física o mental de sus hijos es un proyecto que les desampara y desprotege”, planteó la psicóloga María de los Ángeles González.

Durante la vista, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó dónde queda el derecho de los padres sobre sus hijos al permitir que el Estado intervenga en un asunto como este.

El abogado Daniel Vélez, del Departamento de Justicia, sostuvo que, “como cualquier otro derecho constitucional, no es absoluto y, por ende, hay unas excepciones cuando se trata especialmente de la seguridad y el bienestar del menor”.

Algunas de esas instancias, por ejemplo, son la vacunación y la educación. “Esta regulación está dentro de los márgenes que se le permite al Estado”, dijo Vélez.

El abogado agregó que se trata de un tema de política pública que también está contemplado en el Plan para Puerto Rico de la presente administración, en el que se esbozó legislar la prohibición de las terapias reparativas.

Agregó que el Tribunal Supremo federal no ha hecho una expresión definitiva sobre el tema, aunque el Noveno Circuito de Apelaciones favoreció una medida similar a la presentada por Eduardo Bhatia, Miguel Pereira, Juan Dalmau y Zoé Laboy, y discutida ayer. “Ese es el fundamento jurídico que prevalece”, argumentó.

Por otro lado, la Asamblea de Padres de Puerto Rico y Puerto Rico por la Familia se opusieron a la pieza. “De aprobarse, el resultado sería el que múltiples profesionales de la consejería y otras ciencias... se verían precisados a dar unas terapias de conducta contraria a sus principios científicos, de conciencia y religiosos”, sostuvo René Pereira, de Puerto Rico por la Familia.


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