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Rosselló inauguró ayer un puente en la carretera PR-623 en Arecibo. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló afirmó ayer que confía en que los legisladores actuarán según “su sano juicio” y darán paso a la derogación de la Ley sobre Despido Injustificado (Ley 80-1976), un paso crucial para la aprobación del presupuesto del próximo año fiscal, que comienza en julio.

A cambio de eliminar la Ley 80, el primer ejecutivo negoció con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) un presupuesto mayor para varias agencias, incluyendo la Oficina del Gobernador, así como un fondo para los municipios y otro para la Universidad de Puerto Rico.

Sin embargo, ayer no explicó por qué su oficina y otras dependencias obtendrían el alza presupuestaria.

“Reconociendo que esto es una negociación que no es perfecta, sí estoy convencido que está en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, y confío que, en su sano juicio, la Asamblea Legislativa tomará esa decisión”, declaró Rosselló.

“Ellos (los legisladores) saben lo que está en riesgo. Ellos saben lo que está en juego, y mi expectativa es que tomen una decisión a favor del pueblo de Puerto Rico”, agregó.

A pesar de la oposición expresa de los legisladores de mayoría y minoría, el discurso de Rosselló ayer no distó del que ofreció durante el mensaje de presupuesto el martes.

Puntualizó que, de no eliminar la ley que sanciona el despido injustificado, el acuerdo con la JSF “queda nulo”.

“Es importante que todo el mundo -que vaya a tomar una decisión- sepa cuáles son las consecuencias”, sentenció Rosselló.

Se mostró dispuesto a satisfacer el reclamo de la Legislatura -particularmente de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP)- que exigen evidencia del impacto positivo que tendría en la economía eliminar la Ley 80. Sin embargo, dejó entrever que esa tarea le corresponde a la JSF.

“Yo hice una negociación. Es de parte y parte. Si fuese todo de un lado, no fuese una negociación. La parte que solicitó la JSF -principal- era el asunto de la derogación de la Ley 80”, sentenció.

Cuando se le preguntó directamente a quién le correspondía entregar la información, sostuvo que “aquí van a haber varias partes que van a estar discutiendo esto: economistas, personas del sector privado, entre otros. Habrá un proceso para hacer esa evaluación, inclusive ya había comenzado”.

Se refirió directamente a la evaluación del Senado de la pieza legislativa que envió la JSF para dar paso a una reforma laboral.

Aunque Rosselló resaltó que la derogación de la Ley 80 fue idea de la JSF, insistió en que se debía cumplir con lo negociado. “No hay plan B. Este es el acuerdo, y todo el mundo lo tiene que comprender”, apuntó.

“Beneficia en general. Les compete a los economistas demostrar todas estas cosas, pero cuando restas obstáculos a hacer negocios y fomentas el desarrollo económico, fomentas la creación de empleos, fomentas el crecimiento económico en Puerto Rico, que tan necesario es”, afirmó.

Bajo ese escenario, ayer el secretario interino de la Gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín, llamó a representantes para abogar por la derogación de la Ley 80, aunque la medida aún no había sido enviada a la Legislatura. Tampoco se había enviado el proyecto para dar paso al nuevo Código de Incentivos que, según exigieron los legisladores de mayoría, es vital para analizar el presupuesto y la reforma contributiva.

“Hoy (ayer) yo he hablado con legisladores, con alcaldes, con jefes de agencia... ese es mi trabajo”, dijo Rivera Marín.

El Nuevo Día supo, a través de dos fuentes, que a los legisladores se les preguntaba qué querían a cambio de avalar la derogación.

Nueve legisladores levantaron ayer la mano a favor de la eliminación de la Ley 80. Entre ellos, el secretario general y el vicepresidente del PNP, Rafael “June” Rivera y Abel Nazario, respectivamente.


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