El secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, no habría notificado sobre el problema durante una reunión con integrantes del ente fiscal a mediados de agosto. (GFR Media)

El posible despido de hasta 67 empleados de la empresa Physician Correctional, que tiene a su cargo los servicios de salud mental en el sistema carcelario, afectaría particularmente los servicios de la Institución de Jóvenes Adultos en Ponce, salió a relucir ayer durante una vista ocular de dos comisiones camerales.

Los posibles despidos están sobre la mesa y entrarían en vigor el 30 de septiembre ante el recorte de $14 millones ordenado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la tajada asignada para salud mental correccional.

Sin embargo, el secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR) Erik Rolón, no habría notificado sobre el problema durante una reunión con integrantes del ente fiscal a mediados de agosto, según el ente fiscal.

“Son sicólogos, trabajadores sociales… la conclusión es que, si no se corrige, se va a reducir la disponibilidad del servicio en 60% en todo el sistema”, relató el representante del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz.

“De 10 sicólogos, se quedarían cuatro y, de nueve trabajadores sociales, se quedan con tres”, dijo Ortiz, quien participó de la vista convocada por las comisiones de Seguridad Pública y lo Jurídico, de la Cámara de Representantes.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, reconoció el problema.

“Aquí se va a crear una crisis enorme”, reconoció al plantear que la institución, en la que permanecen 82 jóvenes entre 18 y 21 años, hay 26 recibiendo tratamiento sicológico. Sin embargo, el servicio de la consulta psiquiátrica es por telemedicina, y si alguno sufre una crisis tiene que ser trasladado al complejo correccional de Bayamón.

“Eso es un problema. Es una población grande”, dijo. “Pero no es que el secretario no haya solicitado el dinero. En el DCR, nos van a enviar a la Comisión cuáles han sido los requerimientos que han hecho”, dijo Charbonier.

Según la JSF, si Rolón hizo una petición de más dinero a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al ente fiscal no ha llegado.

En una carta de la JSF, firmada por su directora ejecutiva Natalie Jaresko, se le indica a Ortiz que el DCR no gastó $10 millones en nómina asignados para el año fiscal pasado y transfirió $12 millones al Departamento de Salud.

“Todo tiende a indicar que si Rolón ha hecho una petición fue después del asesinato de (Pedro Joel) Rodríguez Mateo”, dijo Ortiz, al aludir a la muerte del guardia correccional en Ponce.

Durante la visita de los correccionales, se constatóque hacen falta 70 oficiales correccionales adicionales para atender correctamente a la población de 82 reos jóvenes adultos. En la institución, no hay vehículos para transportar reos y escasea el equipo de seguro como el utilizado para esparcir gas pimienta durante emergencias.


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