Grijalva tiene, desde julio, un borrador de legislación para enmendar la ley Promesa, el cual presentará en una audiencia el 22 de octubre. (Vanessa Serra Díaz)

Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, respalda las intenciones del congresista demócrata Raúl Grijlava (Arizona) de proteger servicios esenciales del gobierno a través de la ley Promesa y restablecer la fórmula presupuestaria que ha beneficiado a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

González, sin embargo, anticipó que las propuestas del borrador de legislación de Grijalva que van dirigidas a cancelar deuda no asegurada y crear una nueva comisión para auditar las obligaciones financieras del gobierno no avanzarían en el Senado, controlado por los republicanos.

“Hay que evaluar cuál va a ser el efecto final (de la legislación). Si va a tener (oportunidades) en Cámara y Senado”, dijo González.

Por ejemplo, González indicó que la idea de cancelar deuda no asegurada y crear un comité para auditar la deuda no logrará el respaldo de los republicanos, que aunque son minoría en la Cámara baja son la mayoría del Senado. Sin apoyo bipartidista, dijo, incluir esos dos asuntos “va a matar la legislación inmediatamente”.

Grijalva tiene desde julio un borrador de legislación para enmendar la ley Promesa, el cual llevará, como un documento de trabajo, a una audiencia que ha programado para el 22 de octubre, según su portavoz, Adam Sarvana.

Su anteproyecto de ley incluye proteger el financiamiento para salud, seguridad y educación pública – garantizar al menos $800 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico (UPR)-, cancelar deuda no asegurada, crear un comité para auditar la deuda, nombrar un coordinador federal para la reconstrucción y un oficial de Revitalización para la transformación del sistema eléctrico.

Al proponer crear la figura del oficial de Revitalización para el sistema eléctrico, el borrador de legislación eliminaría el coordinador de Revitalización para todo proyecto de infraestructura que creó la ley Promesa.

El borrador de legislación de Grijalva incorpora, a su vez, el proyecto de la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) para evitar conflictos éticos de los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla, propone que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos financie los gastos del ente fiscal, no el gobierno de Puerto Rico, y declarar como documento público toda la información sobre la deuda.

La comisionada, quien ha respaldado que el presidente Trump nombre un coordinador federal para el proceso de reconstrucción, no está convencida de que Grijalva esté comprometido con esa idea. Mientras, dice no entender por qué solo quiere que el oficial de Revitalización se dedique al tema de la transformación del sistema eléctrico.

González sostuvo que “uno de los cambios más importantes” que propone Grijalva es que los gastos de la JSF sean financiados por el Tesoro federal, no por el gobierno de Puerto Rico. Eso, sin embargo, pudiera representar un reconocimiento de que la JSF es un ente con funcionarios federales, no territoriales

En el caso referente a la constitucionalidad de los nombramientos de la JSF, que irá a una audiencia oral el 15 de octubre ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tanto el gobierno de Puerto Rico como el de EE.UU. y el propio ente fiscal, han defendido que los miembros de la junta son funcionarios territoriales que no requieren ser confirmados por el Senado de Estados Unidos.

González también ha coauspiciado el proyecto de la congresista Velázquez – incorporado en la propuesta de Grijalva-, que obligaría a abogaos, contables, consultores y otros profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de EE.UU. sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la JSF, antes de poder ser compensados.


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