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Previamente, un juez había extendido hasta mañana el beneficio de TSA para cientos de familias. Ante la decisión, FEMA lo había prolongado un día más, es decir hasta el jueves. (GFR Media)

Washington - El juez federal Timothy Hillman extendió hasta el 23 de julio el acceso de cientos de familias puertorriqueñas al programa de asistencia temporal devivienda (TSA) de FEMA, que les ha permitido vivir en hospederías de EE.UU. y Puerto Rico tras el huracán María.

Héctor Piñeiro, quien representa a seis familias refugiadas en Massachusetts y Florida, anunció esta mañana a El Nuevo Día la decisión del tribunal.

Previamente, un juez había extendido hasta mañana el beneficio de TSA para cientos de familias. Ante la decisión, FEMA lo había prolongado un día más, es decir hasta el jueves.

Ahora, el juez Hillman permite que cerca de 950 familias que aún quedan en hospederías puedan permanecer al menos otras tres semanas en el programa TSA.

Una portavoz de FEMA dijo hoy que el total de de familias refugiadas tras el huracán María que estaban acogidas  al programa TSA se había reducido de 1,700 que quedaban a principios de la semana pasada a 952.

El gobierno federal deberá presentar ante el juez Hillman su posición, por escrito, a más tardar el 13 de julio. Luego, los demandantes tendrán hasta el 18 de julio para responder.

En particular, el juez quiere que las partes discutan las implicaciones de que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se haya negado a pedir la extensión del programa de asistencia temporal de vivienda.

La orden significa que los refugiados pueden permanecer en los hoteles hasta la hora de salida del 24 de julio.

En la audiencia de ayer, el abogado Piñeiro dijo que advirtió del “trato diferente que se le ha dado a los puertorriqueños en este caso”, y subrayó que la ley federal Stafford  es clara en obligar al gobierno a dar un “trato equitativo”.

“Si el huracán María afectó al más rico, a la clase media, a la gente pobre, lo afectó de una manera extraordinaria”, afirmó  Piñeiro, en una entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Como han hecho los grupos que en varios estados han apoyado a los refugiados boricuas, Piñeiro se preguntó qué han hecho en los últimos días el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, para tratar de frenar el posible desalojo de cientos de familias que no tienen a dónde ir.

En la conferencia telefónica con el juez Hillman, el fiscal federal que representó al gobierno de Estados Unidos dijo que, tanto  Rosselló Nevares como el gobernador de Florida, Rick Scott, están de acuerdo con el cese del programa, según Piñeiro.

FEMA ha indicado que los que han recibido los beneficios de TSA pueden ahora solicitar acceso al programa de alquiler directo.

Por semanas, demócratas del Congreso han pedido a FEMA y a la mayoría republicana la activación del Programa de Asistencia de Vivienda Directa (DHAP), que se utilizó después del huracán María y consideran puede proveer techo a las familias durante 18 meses adicionales.

“FEMA les está diciendo que le van a cortar (el beneficio), pero sin lograr acceso a otros programas, y si tienen Sección 8, no aparece una vivienda disponible. Son personas que no dominan el inglés” y pueden no tener el dinero para pagar ni siquiera un depósito de alquiler, afirmó el abogado Piñeiro.

Por lo que ha visto, según Piñeiro, “esta pobre gente se ha convertido en bolas de ping pong” entre las autoridades de la isla, el gobierno de Puerto Rico y gobiernos estatales en EE.UU.

En Florida

Hoy, el senador demócrata Bill Nelson (Florida) y los congresistas Darren Soto (Florida) y Nydia Velázquez tienen una reunión con refugiados boricuas en Kissimmee, Florida.

Los tres  han sido parte de los legisladores federales demócratas que han solicitado a FEMA una nueva extensión del programa TSA para los damnificados del huracán María.


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