La Asociación de Maestros reunió a los educadores de la región de Bayamón para orientarlos sobre el futuro de las pensiones. (semisquare-x3)
La Asociación de Maestros reunió a los educadores de la región de Bayamón para orientarlos sobre el futuro de las pensiones. (Gerald López Cepero)

Más que malestar por el acuerdo de la Asociación de Maestros (AMPR) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al futuro de las pensiones, la sensación que imperaba ayer entre la clase magisterial sobre el pacto tentativo era de desasosiego e incertidumbre.

Rosario Buitrago, maestra de la escuela Pedro Albizu Campos de Levittown, en Toa Baja, fue una de los cerca de 125 educadores que participaron ayer en la sesión informativa que ofreció la Asociación a los docentes de la Región de Bayamón, en el coliseo Lauro Dávila, en Toa Alta, para dar a conocer en detalle los entendidos logrados.

En su búsqueda de un mejor futuro para ella y su familia, la educadora de 43 años no ve otra opción que renunciar e irse del país.

“¿Con qué nos vamos a quedar a la hora de retirarnos? Yo tenía pensado retirarme en 10 años, pero ahora no, ahora el panorama es de 20 años”, dijo Buitrago, quien lleva dos décadas en el sistema.

“Yo tengo planes de irme fuera de Puerto Rico porque no veo otra opción en estos momentos”, sostuvo la mujer, acompañada de sus dos hijos.

Esta semana, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, anunció que el gremio -a través de su equipo legal- alcanzó un acuerdo con el ente federal para atender el futuro de las pensiones de los maestros permanentes y transitorios, independientemente de si están afiliados o no a la organización.

Para que el acuerdo sea válido, tiene que ser ratificado por la clase magisterial, explicó la secretaria general de la Local Sindical, Grichelle Toledo. Añadió que, de aprobarse el documento, la JSF presentará la determinación a la jueza Laura Taylor Swain.

Toledo aclaró que la implementación podría tomar entre uno y dos años.

“Ahora mismo, si la Junta de Control Fiscal toma la decisión de liquidar el sistema, que lo pueden hacer, y liquidarle a los maestros, no le podrían dar ni un centavo, porque ahora mismo el sistema está insolvente”, planteó Toledo.

El plan fiscal certificado incluye el recorte de las pensiones en un 10%, medida a la cual el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha expresado su rechazo al punto de estar dispuesto a ir a los tribunales.

Lo estipulado

El acuerdo contempla que los maestros con 50 años de edad y 30 años de servicio se podrán retirar con el 65% de la compensación promedio al momento de la congelación del sistema de retiro. Mientras, los educadores con 55 años de edad y 30 años en el sistema recibirían75%.

En el caso de aquellos educadores menores de 50 años -al momento de su retiro- tendrían derecho a recibir 1.8% de la compensación promedio a la fecha de la congelación, pero tendrían la oportunidad de cotizar al Seguro Social y tener una cuenta de aportación definida. No obstante, tendrían que trabajar hasta los 60 y 63 años de edad.

En cambio, el estatuto vigente -la Ley 91 de 2004- dispone que los maestros menores de 50 años que hayan completado 30 años de servicio reciben una pensión anual igual al 65% del promedio de los salarios más altos durante los últimos tres años. Aquellos con más de 50 años y con 30 años de servicio cumplidos reciben el 75%.

“No es que estemos diciendo que esto es la panacea y lo mejor del mundo, pero por lo menos le estamos garantizando a los maestros que reciban el 1.8% de por vida”, sostuvo Toledo.

Los maestros que ingresaron al sistema después del 1 de agosto de 2014 están cobijados por la Ley 160-2013, que establece un sistema de aportación definida.

Para Igdania Rivera, maestra de la escuela Rafael Cordero de Cataño, los acuerdos fueron “como un balde de agua fría”. “Uno espera un retiro digno, pero al analizar toda la situación del país y a lo que nos vamos a enfrentar a la vez que empiece a pagarse la deuda del país, uno va analizando, y la perspectiva va cambiando”, reconoció Rivera quien confía retirarse en 10 años.

El acuerdo tiene una disposición que establece que, si el gobierno consigue un acuerdo más beneficioso, este iría por encima al logrado por la AMPR. “El gobierno puede conseguir más, aquí tiene la base, que partan de este”, señaló Díaz el lunes.

Otras negociaciones

Igualmente, el acuerdo incluye un convenio colectivo por cinco años que garantiza, entre otros aspectos, las licencias de vacaciones y enfermedad, así como cinco días al año para el cuidado de los padres de 60 años o más e hijos.

El convenio colectivo está vigente hasta el 2021. Dispone, además, que del gobierno cerrar el año fiscal con un sobrante de $100 millones, debe destinar 25% de esta partida para distribuir entre los maestros.

“Lo más que nos preocupa es realmente si vamos a tener un retiro digno luego de tantos años de trabajo... que sea un retiro justo con el que el maestro pueda vivir”, señaló Rafael Tirado, maestro de la escuela Quebrada Arena, de Toa Alta.

Tirado cuestionó la manera apresurada en que se ha dado la discusión de los acuerdos, así como el proceso de ratificación que sería el lunes, martes y miércoles de la semana próxima.


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