La secretaria de Justicia, Dennise Longo. (GFR Media)

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, indicó hoy que pesquisas como la del manejo del almacén de suministros de emergencia de Ponce por parte de funcionarios del gobierno podría tardar años en completarse.

“Mi experiencia personal es que (estos casos) pueden tomar dos o tres años en investigar”, dijo Longo Quiñones en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia para informar sobre un programa de internados en el Registro Demográfico.

La funcionaria, sin embargo, evitó dar información alguna sobre este o algún otro caso bajo consideración del Departamento alegando que los cánones de ética y la ley orgánica de la agencia le impiden revelar información alguna sobre las pesquisas criminales, administrativas, o las opiniones legales de la agencia.

“Estoy prohibida a hacer expresiones de política pública cuando hay una controversia planteada porque mi rol es asesor en un asunto en controversia”, dijo la titular del Departamento de Justicia.

Específicamente, Quiñones Longo no quiso informar si la pesquisa sobre el manejo de los suministros es una de carácter penal o administrativa, si ya han investigado personas asociadas a los hechos o si se informó a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente sobre el inicio de las indagaciones, como se requiere cuando los involucrados son o eran jefes de agencias.

“No puedo hacer público lo que los cánones de ética requieren que mantenga privado. Cuando hay una opinión con respecto a la aplicación de la ley, que son como las que da cualquier abogado, es un asesoramiento confidencial”, dijo la funcionaria pública al reiterar que el asunto está cobijado por los privilegios abogado-cliente, como ocurre en el sector privado.

Cuando se le preguntó a quién entendía como su cliente, en un tono de incomodidad dijo que era el “gobierno de Puerto Rico”.

La funcionaria hizo alusión a la sección 8 de la ley orgánica del Departamento de Justicia que regula las opiniones legales y formales que emite la agencia. Dicho estatuto establece los procesos que se tienen que llevar a cabo para solicitar una opinión legal a la agencia y solo impone restricciones cuando el asunto está bajo la consideración de un tribunal. Las opiniones de Justicia, de ordinario, se utilizan como documentos persuasivos en los tribunales y se consideran documentos públicos.

Por otro lado, cuando se le cuestionó sobre la consulta legal quehizo La Fortaleza sobre la suspensión de la jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones, a quien se le imputa repartir suministros a los damnificados por el terremoto usando criterios electorales, Quiñones Longo se limitó a señalar que esa opinión ya fue referida a La Fortaleza.

“Eso ocurrió hace unas semanas”, apuntó, mientras reconocía que la agencia está mirando a fondo los hechos del caso, más allá de la sanción administrativa impartida por la destituida secretaria de la Familia, Glorimar Andújar.

Andújar públicamente denunció que fue sacada del puesto por sancionar a Quiñones por favorecer a aliados políticos de la gobernadora WandaVázquez Garced, quien aspira a mantenerse al mando de la Rama Ejecutiva en los comicios del 2020 por el Partido Nuevo Progresista.

Sobre el referido que la propia gobernadora Vázquez Garced anunció en octubre contra el secretario de Agricultura, Carlos Flores, la funcionaria dijo que todavía no ha vencido el término que tienen para investigar antes de referirlo a los fiscales especiales independientes.

Flores fue referido a inicios de octubre a Justicia pero no se informó lo que imputa contra el funcionario que ni fue suspendido en sus funciones pese a la pesquisa penal en su contra.


💬Ver 0 comentarios