El gobernador Ricardo Rosselló espera que
El gobernador Ricardo Rosselló espera que "la gente pueda utilizar el presupuesto como un instrumento de rendición de cuentas". (Luis Alcalá del Olmo)

A partir de julio, Puerto Rico tendrá un proceso de presupuesto que dará a la gente la oportunidad de saber con más precisión en qué se gasta cada dólar que paga en impuestos, aseguró el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Luego de un año de trabajo por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y de la Oficina de Planificación Estratégica de La Fortaleza, el mandatario presentará en las próximas semanas un presupuesto con proyecciones a tres años, que asignará fondos a agencias y programas, y exigirá a estos cumplir con métricas específicas, lo que en el argot técnico se conoce como presupuestos basados en desempeño.

La adopción de este modelo presupuestario no se ha consultado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), admitió el mandatario en entrevista con El Nuevo Día.

No obstante, tanto Rosselló Nevares como el jefe de la Aafaf, Christian Sobrino Vega, aseguraron que esta nueva metodología es compatible con las aspiraciones de transparencia en el gasto público de los integrantes de la JSF y es cónsona con el mandato de disciplina fiscal que estableció la ley federal Promesa.

Esto es un cambio dramático de lo que se ha llevado a cabo”, dijo Rosselló Nevares, al señalar que el proceso en curso proveerá “una visibilidad sin precedentes” en torno a cómo las distintas agencias del gobierno utilizan los fondos que reciben.

Hasta ahora -y aunque por años, legisladores y oficiales del gobierno alardeaban de haber adoptado las mejores prácticas para asegurar el uso de los fondos públicos y una gestión balanceada entre los ingresos y gastos-, el proceso de presupuesto de Puerto Rico se ha caracterizado por asignar recursos a tres grandes partidas: gastos de nómina, gastos no relacionados con nómina y mejoras capitales, explicó Sobrino.

Pero, según Rosselló Nevares, “en ese ejercicio de cajitas”, no podía establecerse si el dinero asignado se utilizó para proveerservicios adecuados a la ciudadanía o si pudo cumplirse con la política pública establecida.

Entre presupuesto y presupuesto y desde el 2001 al 2012, Puerto Rico emitió unos $42,000 millones en deuda, casi la mitad del producto interno bruto de la isla, y a pesar de semejante inyección de capital, el gobierno acumuló déficit presupuestarios por $22,000 millones. Ello, según destacó la semana pasada el economista Joaquín Villamil.

La reforma al proceso presupuestario que impulsa Rosselló Nevares modificaría la forma en que el gobierno asigna el dinero a diversos programas, colocando al centro del proceso decisional qué objetivo de política pública quiere lograrse y una métrica que sirva para evidenciar el progreso alcanzado.

Según Rosselló Nevares, el nuevo modelo de presupuesto permitiría, por ejemplo, constatar si el dinero que se ha asignado a la iniciativa de las escuelas chárter es suficiente para alcanzar los objetivos de ese programa o serviría para determinar cuánto dinero necesita el Negociado de Ciencias Forenses para operar según los estándares y la encomienda que tiene esa dependencia.

Hay un sinnúmero de asignaciones que se hacían y que uno no sabía verdaderamente para qué se hacían”, dijo el mandatario, al agregar que hace cuatro décadas, el proceso presupuestario que seguía Puerto Rico era un modelo a seguir para otras jurisdicciones y ahora es uno “obsoleto”.

En ese sentido, si el esfuerzo transformador de Rosselló Nevares se concreta, sería la primera vez que Puerto Rico podría establecer una relación directa entre los objetivos de política pública proyectados -sea para promover la enseñanza bilingüe en las escuelas o mejorar los servicios a médico indigentes- y el dinero que se asigna para ello.

¿Qué es un presupuesto según desempeño?

La metodología de presupuesto basado en desempeño no es nueva. En realidad, según literatura sobre el tema, informes de la Oficina de la Contraloría de Estados Unidos (GAO, en inglés) y de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, en inglés), ese modelo de gestión presupuestaria ha sido aplicado de una u otra forma, desde mediados del siglo pasado, en múltiples jurisdicciones de Estados Unidos. Y como aquella de presupuesto “base cero” (donde se requiere a los oficiales de gobierno justificar el dinero que solicitan, incluyendo la existencia de cada programa), la metodología de presupuesto según desempeño tiene ventajas y desventajas.

Según el NCSL, por ejemplo, el presupuesto basado en desempeño ofrece a los legisladores la oportunidad de asignar recursos partiendo del cumplimiento que se ha alcanzado en cierto programa.Según la organización, casi la mitad de las legislaturas estatales tienen alguna forma de asignación de presupuesto partiendo de la efectividad de cada iniciativa.

Pero, en el lado opuesto, de acuerdo con el NCSL, las legislaturas a cargo de aprobar presupuestos dependen de que los datos que evidencian que se cumplieron las métricas establecidas sean precisos y veraces. Además, puede darse el caso de que las prioridades del Ejecutivo sean distintas a los intereses de los legisladores.

En el caso de Puerto Rico y para adoptar este nuevo proceder, la administración Rosselló Nevares acudió al Instituto para la Eficiencia de los Estados (ISE, en inglés), a fin de la que la organización sin fines de lucro, dedicada a promover la rendición de cuentas, la participación ciudadana en cuestiones fiscales y la mejor prestación de servicios públicos, ofrezca apoyo técnico en el tema.

En la entrevista con El Nuevo Día, también acompañaban a Rosselló Nevares la cofundadora del ISE, Clare Lockhart, y Andrew Laing, ejecutivo de la entidad.

Según Iris Santos, a cargo de Planificación Estratégica en La Fortaleza, oficiales del ISE colaboran con la administración y asisten a la isla en el diseño de la plataforma tecnológica y el marco de medición que servirá para preparar el presupuesto.

El presupuesto del año fiscal 2020

Según el calendario establecido por la JSF, el presupuesto del año fiscal 2020 debe presentarse el 22 de marzo y debe certificarse no más tarde del 28 de junio de este año. El pasado viernes, el gobierno enviaría a la JSF sus proyecciones revisadas.

Rosselló Nevares no reveló a cuánto ascenderá el presupuesto operacional del próximo año fiscal ni precisó cuándo se publicaría.

Tampoco dijo cuánto costaría implementar el nuevo modelo de elaboración presupuestaria, aunque Sobrino Vega destacó que, a diferencia de otros casos en los que el gobierno contrata el programa computadorizado de alguna empresa tecnológica, la plataforma en la que se trabaja se diseña con recursos internos y será propiedad del gobierno.

De otra parte, el gobernador tampoco mencionó si el siguiente presupuesto estará balanceado, y si incluirá el pago de la deuda pública. “Será balanceado según los principios y leyes aplicables bajo ley local y Promesa”, dijo Rosselló Nevares.

Fuentes de este diario plantean que, luego del revés que la JSF sufrió en el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, es poco probable que pueda lograrse la aprobación de un plan de ajuste para el gobierno central por parte de la corte de Título III este año.

El 15 defebrero, el foro apelativo federal concluyó que la actual JSF es inconstitucional porque sus integrantes no recibieron el consejo y consentimiento del Senado estadounidense.

Días antes de ese fallo, según fuentes de este diario, la jueza Bárbara Houser -quien preside el Equipo de Mediación de los casos de Título III- suspendió las sesiones de mediación con acreedores ante la poca disposición de la JSF y de grupos de bonistas en llegar a un acuerdo y los alegatos de ilegalidad esbozados por el ente fiscal y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

Así las cosas, los hechos apuntan a que Rosselló Nevares -quien buscará la reelección el año entrante- terminaría su primer mandato sin haber pagado un centavo a los bonistas constitucionales. Y, como resultado, tocará a quien gobierne el próximo cuatrienio operar el aparato gubernamental con un presupuesto que incluya el pago de la deuda pública y asigne la diferencia al pago de pensiones, servicios públicos y mejoras permanentes.

Ello, según las prioridades que se establezcan con el método de presupuesto según desempeño y a excepción de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), acreencias ya renegociadas bajo Promesa.

¿Cómo será el nuevo presupuesto?

Lo que el mandatario sí precisó es que el ejercicio en curso ofrecerá una visión más amplia y detallada de cómo el gobierno gasta el dinero de los contribuyentes, un cambio de forma que dará más flexibilidad a los jefes de agencia y que, en lugar de proveer “una foto” de lo que ingresará al fisco y se gastará los siguientes 12 meses, permitiría ver “una película” con el gasto histórico y sobretodo, lo que se necesitará a futuro para prestar ciertos servicios a la población.

Según Rosselló Nevares, cuando el presupuesto se envíe a la Legislatura, incluirá un análisis de cuánto dinero se ha invertido los pasados 10 años por cada programa del gobierno, cuánto sería lo asignado en función del objetivo de política pública establecido en el año fiscal 2019-20 y una proyección de lo que se necesitará los tres años fiscales siguientes.

Una vez al año, el presupuesto atravesará por un proceso de evaluación para determinar qué ajustes son necesarios.

A preguntas de El Nuevo Día acerca de qué medidas se aplicarían cuando no se cumpla con el presupuesto o qué incentivos habría si se utilizan los fondos públicos con efectividad, Santos sostuvo que ese proceso entraría en vigor a partir del presupuesto del año fiscal 2021.

De acuerdo con Sobrino Vega, dado que no ha habido cambios en las normas de contabilidad de gobierno, el presupuesto continuará mostrando las asignaciones que recibirá cada agencia de gobierno, al igual que el detalle de las fuentes de ingresos.

Una de las cosas que podrá verse es que, en los pasados 10 años, en mejoras capitales, el presupuesto se redujo 70%”, dijo Sobrino, al revelar un dato que podría explicar el colapso de las infraestructuras de Puerto Rico tras el paso del huracán María en septiembre de 2017.

Sobrino Vega destacó que, hasta ahora, la preparación del plan fiscal que requiere la JSF y el presupuesto eran dos procesos paralelos, pero no conectados.

Con el nuevo modelo presupuestario, se integrarán ambos instrumentos, lo que, enfatizó, contribuiría a cumplir con el requisito de presupuestos balanceados establecido en Promesa.


💬Ver 0 comentarios