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El secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil, estima en cerca de 300,000 las casas afectadas, desde daños leves hasta totales, por el huracán María. (horizontal-x3)
El secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil, estima en cerca de 300,000 las casas afectadas, desde daños leves hasta totales, por el huracán María. (Xavier J. Araújo Berríos)

Nota del editor: La serie Zapata para la reconstrucción está compuesta por un conjunto de reportajes enfocados en los esfuerzos gubernamentales, privados y del tercer sector para la revisión y reformulación de aspectos neurálgicos para la reconstrucción del país.La reconstrucción de 75,000 hogares y la construcción de otros 70,000 encabeza una lista de prioridades que coloca al Departamento de la Vivienda de cara al mayor reto que se haya enfrentado en casi medio siglo del programa de subsidio gubernamental de viviendas en Puerto Rico.

Actualmente, existen 54,000 unidades de vivienda pública construidas por esa agencia en las pasadas décadas. Sin embargo, ahora a la agencia le urge construir y reparar casi el triple de esa cantidad para atender a los miles de afectados por el paso del huracán María. La fase de reconstrucción de viviendas se realizará este año, en un periodo de tres meses, aunque aún no hay fecha, señaló en entrevista con El Nuevo Día el secretario de la Vivienda, Fernando Gil.

La cantidad de hogares afectados –parcial o completamente– por los huracanes Irma y María todavía no es final, pero Gil estima que, a largo plazo, el gobierno podría tener que reparar hasta 300,000 residencias con daños, entre leves y graves.

De hecho, cuando en noviembre pasado el gobernador Ricardo Rosselló le informó al Congreso que Puerto Rico necesita $94,400 millones para recuperarse de los ciclones, su petición principal fue el área de viviendas, con $31,068 millones. Esa cantidad es casi dos veces mayor que los $17,789 millones solicitados para reconstruir la red de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía es objeto de controversias en el país.

Asimismo, en noviembre ya la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas inglés) ya le había revelado a El Nuevo Día que tendrá en Puerto Rico el mayor proyecto de viviendas para una sola jurisdicción en toda su historia.

Para subsidiar esas obras, Viviena depende “en un 100%” de fondos federales. “Tenemos unas limitaciones de índole fiscal y de poder ir a mercados para pedir bonos como se hizo antes, cuando se cogieron chavos prestados que terminaron siendo mal administrados”, reconoció Gil, quien dijo no poder ofrecer una fecha certera para el inicio de los trabajos de construcción de viviendas que quedaron destruidas.

“Estaría siendo bien irresponsable. Y creo que Puerto Rico está bien cansado de personas que irresponsablemente digan cosas que no se pueden cumplir”, sostuvo el funcionario.

Inician reparaciones

Gil sí tiene una agenda clara para la reparación de casas porque el mismo proceso de asignación de fondos lo exige. Para principios de este año espera que, al menos, se complete el proceso burocrático de identificar las unidades afectadas que cualifiquen para el programa Tu Hogar Renace, con capacidad para ayudar hasta 75,000 casas. De llegar a ese número de unidades, se requerirían $1,500 millones de ese programa.

Una vez se otorguen los contratos, los proyectos se tienen que cumplir en tres meses. De lo contrario, una solicitud de extensión de tiempo le impondría el pago de una penalidadequivalente a 10%.

El funcionario explicó que ya se realizó el proceso de competencia para los proyectos y están “ya para firmar los contratos. Solamente (están) finiquitando unos asuntos con FEMA en cuanto a la certificación de fondos”.

“Sí, espero, en tres meses, haber completado el programa de Tu Hogar Renace y haber impactado el mayor número de hogares que podamos, a base de la supervisión que les podamos dar al proyect manager y los contratistas”, señaló.

Abundó que esta ayuda también conllevaría la instalación de sistemas de energía solar en las residencias que cualifiquen, por ser parte del programa piloto de FEMA conocido como Sheltering and Temporary Essential Power (STEP).

“Pudimos demostrarle a FEMA que, en cuestión de recursos, Puerto Rico no tiene vertederos aptos para recibir muchos de los materiales que disponen los generadores”, explicó Gil.

“Si le llevamos luz en forma de planta a gente que no la tiene, requerirá cambios de aceite y filtro, poniéndole esa carga adicional a los vertederos, así que accedieron a un sistema de placas solares fotovoltaicos con un almacenamiento de baterías”, añadió.

Casas destruidas

Las proyecciones de Gil todavía apuntan a la necesidad de construir 70,000 hogares que fueron completamente destruidos por María. Anticipó que cada una de esas unidades tendría un costo de $150,000.

Para esa obra, sin embargo, no precisó una fecha de inicio, como tampoco anticipó cuándo podrían realizarse labores para lidiar con hogares que no cumplen con los códigos de construcción. Para esos trabajos se destinaría el 30% de los $31,000 millones que el gobernador le solicitó al Congreso para el área de viviendas.

Es “para traer las viviendas que no están en código a código”, comentó Gil. “Se hizo en (la respuesta para el huracán) Sandy y en otras jurisdicciones”.

En términos del total de viviendas afectadas, Gil sostuvo que “en cuanto a daños de reparación, de intermedia a mayor, estamos hablando fácilmente de 300,000 casas en Puerto Rico”. No obstante, admitió que todas estas cifras son estimados.

Señaló que la proyección se apoya en una ecuación que utiliza los porcentajes de asistencia solicitada en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Hugo en 1989 y Georges en 1998.

“Hasta que las inspecciones no se terminen para marzo o finales de febrero, no vamos a saber en realidad como tal”, dijo Gil. “(Las inspecciones) por el momento se concentran en el área metropolitana, que es el área más densamente poblada de Puerto Rico y es donde la mayoría de la gente ha podido solicitar porque tienen comunicaciones y pueden hacerlo por internet”.

Refugiados

Gil indicó que todavía hay 350 personas en 20 refugios administrados por el Departamento de la Vivienda, pero consideró un logro haber llegado a esa cantidad en poco más de tres meses, pues esa cifra sumó 15,000 tras el huracán.

Aun así, comentó queunos 3,000 se habían acogido al programa de refugio temporero de FEMA, mientras que en algún momento hubo un estimado de que 200,000 personas pudieron haberse refugiado con familiares.

Espera reducir la cantidad de personas en refugios entre enero y febrero. Resaltó que han elaborado una oferta “agresiva” de subsidio de renta a través del programa de Sección 8, buscando arreglos de flexibilidad con los estándares del gobierno federal.

También se han comunicado con bancos, para explorar la posibilidad de alquilar casas reposeídas, a través del mismo programa de subsidio, pero aseguró que están esperando por “los procesos de implementación en cuanto a las dispensas de ellos”.

Títulos de propiedad

Por otro lado, Gil informó que han estimado en $25 millones la cantidad que se necesita de programas federales para otorgar títulos de propiedad a 48,000 viviendas que están en terrenos invadidos y cuyos residentes tienen un “permiso de usufructo” del Departamento de Vivienda.

Señaló que aún tienen que trabajar para que esas personas cualifiquen para recibir asistencia individual por los daños sufridos, así como para que puedan acogerse a programas federales de mitigación. Con esa ayuda, se les ofrece una casa en un lugar seguro a cambio de la que construyeron en una zona susceptible a inundaciones o que representan peligro al medio ambiente.

El asunto ya se le planteó a la subsecretaria del Departamento de Vivienda federal, Pamela Hughes Patenaude, en una visita reciente. La idea es que esos fondos provengan del Community Development Grant de esa agencia.

“Necesitamos unos programas bien intensos en la mitigación”, sostuvo Gil. “Se hizo para Georges, cuando se construyeron más de 1,000 casas, pero aquí estamos hablando de mucho más de 1,000”.

Paralelo a la urgencia de construir y reparar hogares, Gil recordó que el Departamento de la Vivienda maneja una creciente demanda por vivienda pública.

“No tan solo ha aumentado, sino que puede aumentar más”, expuso Gil.

Actualmente, la agencia tiene 54,000 unidades en residenciales públicos, mientras que 10,000 son beneficiarios de Sección 8.

Antes de los huracanes del año pasado, tenía 1,500 vacantes y la lista de espera era de cerca de 24,000 personas.

En los últimos dos meses adjudicaron 1,284 unidades de vivienda. “Tener 200 vacantes es nada”, exclamó Gil.

Pero para determinar la magnitud de la demanda, necesita que, este mes, los administradores vuelvan a contar las unidades que llevan abandonadas por más de 90 días, entre otras posibles razones, por personas que se fueron de Puerto Rico.

“El reto es grandísimo. El que diga que no, está mintiendo”, afirmó el secretario de la Vivienda.

“Pero la satisfacción va a ser más grande”, aseguró.


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