La gobernadora Wanda Vázquez. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced objetó que en el Departamento de Educación se hayan decretado aumentos en los gastos administrativos y recortes de decenas de millones de dólares al programa de Educación Especial, colocando esta iniciativa al borde del colapso operacional.

La mandataria indicó que el próximo lunes estará atendiendo directamente el tema junto al secretario de Educación, Eligio Hernández, quien en días recientes ha negado los aumentos presupuestarios en los gastos administrativos pese a que la Junta de Supervisión Fiscal ha enumerado las alzas renglón por renglón.

"Esto tiene (Educación Especial) que tener prioridad sobre los gastos administrativos", dijo Vázquez durante una conferencia de prensa en Guaynabo en la que anunció reparaciones en el expreso Martinez Nadal en Guaynabo.

El programa de Educación Especial, en teoría, busca satisfacer aquellas necesidades especiales de aprendizaje proveyendo desde tutorías y terapias hasta salones especializados para algún tipo de enseñanza en particular. 

El Departamento de Educación ha solicitado que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) provea acceso a la agencia a sobrantes presupuestario de años anteriores ascendentes a $81 millones para subsanar la insuficiencia de fondos en el programa de Educación Especial. Inicialmente, el gobierno había alegado que la Junta era la que había recortado los fondos a este programa. Luego Hernández reconoció que la determinación la tomó la Oficina de Gerencia y Presupuesto, dependencia adscrita a la Oficina de la Gobernadora.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, en una carta dirija a Hernández, precisó que Educación redujo el presupuesto de Educación Especial en unos $75.7 millones en comparación con el año pasado.

Estos no fueron los únicos recortes. Otros programas, como el de comedores escolares, el de educación vocacional y técnica, y el de mantenimiento de escuelas tuvieron mermas de $12.2 millones, $8.3 millones y $4.1 millones, respectivamente.

En contraste, se añadieron $14.5 millones a los gastos administrativos de la agencia, $9.7 millones al programa de Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica, y $8.2 millones a las operaciones regulares de las escuelas pese al cierre de planteles en los últimos años.  

 “Es difícil entender cómo los programas relacionados con la administración, por ejemplo, han aumentado en costo, dados los cierres de escuelas que deberían haber reducido los gastos generales y los costos administrativos generales según el Plan Fiscal Certificado y Presupuesto certificado", indicó la directora ejecutiva de la Junta en la carta.

Jaresko llegó a afirmar que se suponía que los gastos totales de la agencia se redujeran en $95 millones, debido a los ahorros que se esperaban con el cierre de escuelas públicas y eficiencias en el sistema de compras del gobierno.

“Si en el presupuesto hubo reducción en las partidas dirigidas a Educación Especial eso va a tener una corrección”, sostuvo Vázquez Garced.

 Atenderá lío con escuelas Montessori

Por otro lado, la gobernadora indicó que estará atendiendo también los reclamos asociados a la Superintendencia Auxiliar de las Escuelas Montessori. Este programa tiene 53 escuelas y es coordinado exclusivamente por una persona, la secretaria auxiliar Rosa Recondo. Anteriormente, cuatro maestras especializadas en este método de enseñanza asistían a la secretaria auxiliar, pero fueron removidas por Hernández.

El funcionario alegó recientemente que la determinación se debe a las restricciones presupuestarias que tienen y a la presunta política pública de reducir gastos administrativos y allegar recursos a las escuelas. Esta política pública, sin embargo, no es la que se desprende de las determinaciones presupuestarias que recortaron los fondos de educación especial.   

El martes, decenas de padres y estudiantes en Escuelas Montessori llevaron a cabo una manifestación en las inmediaciones de La Fortaleza para denunciar que la determinación del secretario de Educación de retirar drásticamente el apoyo administrativo al programa implica un retroceso en esta iniciativa que inició bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla y que ahora es respaldada por una ley aprobada bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. 


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