La gobernadora Wanda Vázquez Garced. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó a la comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Beatriz Zayas, que tramite “a la brevedad posible” la documentación legal de unos vehículos que compró la agencia y que estaban en desuso desde julio.

Según trascendió a inicios de esta semana, se trata de cuatro camiones adquiridos por casi $2 millones que utilizan los investigadores forenses para transportar cadáveres.

“Esto es totalmente inaceptable, esos vehículos estaban desde julio, así que inmediatamente le impartí instrucciones de que esas certificaciones y esas tablillas se tienen que resolver hoy”, sostuvo la primera ejecutiva en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Vázquez Garced indicó que también se comunicó con la Administración de Servicios Generales (ASG) para que los vehículos puedan comenzar a funcionar lo antes posible.

La mandataria indicó que cuando recibió la información sobre los camiones se sorprendió. 

No podía entender cómo es posible que esto no se pueda haber tramitado con la celeridad que requiere, que ameritaba la transportación de los cuerpos de las personas que mueren en escenas violentas que hemos visto, como también las personas que mueren los asilos y los hospitales. Uno tiene que tratar con dignidad y respeto el transporte de estos cuerpos”, apuntó.

Asimismo, indicó que la persona encargada de tramitar los documentos y poner en función los vehículos “tendrá una responsabilidad ante el pueblo de Puerto Rico” y ante ella.

Esta situación se produce en momentos en que el NCF atraviesa una de sus peores crisis por la acumulación de cadáveres sin atender desde el paso del huracán María en septiembre de 2017 y la falta de patólogos para realizar las investigaciones.

Asimismo, el negociado ha reclamado que no cuenta que los recursos necesarios para, entre otras cosas, la realización de los “safe kits” acumulados desde 2001.

Precisamente, esta semana la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó el desembolso de $1.3 millones de economías provenientes de la Policía para que se realicen estas pruebas a las víctimas de agresión sexual.


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