Jorge Haddock ofreció a la gobernadora el panorama financiero de la institución universitaria

La gobernadora Wanda Vázquez Garced se reunió esta tarde con directivos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para conocer el detalle de los asuntos fiscales del sistema público de enseñanza que, en los últimos años, ha sufrido $330 millones en recortes presupuestarios, la mayoría por mermas en las transferencias de fondos que reciben del gobierno central.

El presidente de la UPR, Jorge Haddock, explicó que a estos recortes se suman mermas adicionales de $71 millones programadas para el próximo año fiscal que comienza en julio del 2020. Indicó que ya el equipo económico del sistema universitario se encuentra analizando el impacto de esta nueva merma para, con evidencia, absorber o abogar para que se mantengan los niveles actuales de financiamiento de la UPR.

Queremos ser responsables de lleva resto con evidencia y análisis y mirando cuáles serían las alternativas”, dijo Haddock durante una rueda de prensa en La Fortaleza.

Análisis como estos, en el pasado, han llevado a reducir las ayudas que reciben los estudiantes para poder completar sus estudios universitarios. Haddock insistió, sin embargo, que los cambios propuestos al sistema no son onerosos para los alumnos y sostuvo que el nuevo programa de matrículas y becas provee para que el 80% del estudiantado puedan sufragar su matrícula con becas locales y estatales.

El otro gran tema atendido durante el encuentro con la gobernadora fue la propuesta de cambiar el sistema de retiro de la UPR de uno de beneficios definidos a uno de contribución definida. Por un lado, esto tiene el potencial de reducir el dinero que recibirán los futuros jubilados de la UPR. Por otro, el cambio permitiría evitar un escenario de insolvencia como el que existe en los sistemas de jubilaciones de los empleados del gobierno central, los maestros y los jueces.

Este cambio ha generado una intensa resistencia en la UPR por sus implicaciones en la calidad de vida de los empleados.

“La UPR está haciendo un análisis para tomar una decisión sobre el sistema de beneficios definidos”, sostuvo Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR.

Los problemas en la UPR se intensificaron cuando la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Supervisión Fiscal acordaron reducir a casi la mitad las transferencias de fondos que se hacen del gobierno central hasta el sistema público de enseñanza universitaria.

Esto llevó a que se planificara una serie de medidas de austeridad para reducir los gastos del sistema universitario y mejorar los ingresos que se generan. Entre las iniciativas se encuentran aumentos drásticos en el costo de cada crédito -tanto a nivel graduado como subgraduado-, reducciones en las ayudas económicas a los estudiantes, recortes en los beneficios que reciben los empleados y disminuciones en la programación u oferta de clases.

La idea principal con los ajustes es capturar más fondos de la beca Pell que en la actualidad que recibe los estudiantes y poner a pagar matrícula a aquellos alumnos cuyas familias cuentan con los recursos necesarios para sufragar la carrera universitaria.

Estas acciones, además de provocar un amplio rechazo de la comunidad universitaria y la población en general, ha generado cuestionamientos sobre el acceso a la educación universitaria que pueden tener los alumnos, especialmente aquellos de las estratas sociales más pobres. Hasta ayer, Vázquez Garced no se ha pronunciado públicamente sobre estos asuntos.

Vázquez Garced ha dedicado esta semana a reunirse con líderes políticos, empresariales, religiosos, cívicos y sindicales, entre otros, para escuchar sus preocupaciones y reclamos.

El viernes, incluso, la gobernadora tuvo una conversación con el director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Doug Hoelscher, en un intento por comenzar una relación entre su administración y la del presidente de EE.UU. Donald Trump.

La mandataria comenzó su mandato el 7 de agosto, día en que cobró vigencia la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que invalidó la gobernación de Pedro Pierluisi, quien había sido designado como secretario de Estado y primero en la sucesión por la gobernación. El problema con su nombramiento es que no contó con la confirmación del Senado.

Rosselló Nevares renunció el 2 de agosto tras imputaciones públicas de corrupción moral y administrativa en su gobierno. 


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