Sídney, Australia - Australia cumple este jueves seis meses desde que comenzó a aplicarse la ley que prohíbe el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años, una medida pionera que ha inspirado iniciativas similares en otros países, como Indonesia, Malasia y Maldivas, y cuyo impacto se cuestiona y divide a expertos, autoridades y jóvenes.

La normativa entró oficialmente en vigor el 10 de diciembre de 2025 y obliga a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit o YouTube a adoptar “medidas razonables” para impedir que menores de 16 años mantengan o creen cuentas, bajo amenaza de multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros).

Sin embargo, su aplicación comenzó antes. Meta empezó a bloquear nuevas cuentas y a desactivar perfiles de adolescentes australianos ya desde el 4 de diciembre.

Durante las primeras semanas, las grandes plataformas eliminaron o bloquearon alrededor de 4.7 millones de cuentas. No obstante, el regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, reconoció en marzo que persistían “lagunas importantes” en los sistemas de verificación de edad y abrió investigaciones sobre varias plataformas.

Seis meses después, se sigue sin tener una idea muy clara de cómo de efectiva ha sido la medida. Este mismo jueves, una encuesta de la firma Pureprofile, especializada en estudios de mercado y elaborada a partir de entrevistas únicamente a 1,025 padres, profesores y jóvenes australianos (de una población de 28 millones), concluyó que el 78% de los menores de 16 años sigue accediendo a plataformas, y determinó el apoyo a la ley en un el 76%.

Según el estudio, solo uno de cada tres menores de 16 años se ha sometido a un escaneo facial para verificar su edad en Internet, mientras que la mitad de los menores que utilizaron esta tecnología lograron ser identificados erróneamente como mayores de 16 años.

Por parte de los jóvenes, la medida sigue siendo cuestionada. Janice Rodrigues, representante juvenil de Australia ante las Naciones Unidas para 2026, asegura que muchos jóvenes sienten que sus opiniones fueron ignoradas durante el proceso legislativo.

“Los jóvenes están frustrados porque sienten que sus voces no fueron escuchadas”, dijo Rodrigues a EFE. Según explicó, numerosos adolescentes consideran que la prohibición les ha privado de espacios de socialización, apoyo y participación cívica.

Rodrigues afirmó que las redes permitían a muchos menores descubrir oportunidades educativas, actividades comunitarias o iniciativas. “Algunos jóvenes con discapacidad, LGTBI o que viven en zonas rurales encontraban comunidades de apoyo en Internet que ahora son más difíciles de alcanzar”, señaló, y cuestionó que la prohibición haya producido mejoras visibles en la salud mental.

Críticas similares expresa John Pane, presidente de la organización Electronic Frontiers Australia (EFA), dedicada a la defensa de los derechos digitales y que considera que “los menores pueden saltarse la prohibición de muchas formas diferentes”, dijo a EFE, citando el uso de redes privadas virtuales (VPN), cuentas de familiares o errores en los sistemas de verificación biométrica.

“Lo que debería hacerse es regular el modelo de negocio de las grandes tecnológicas y enseñar a los jóvenes a navegar de forma segura en Internet”, sostuvo.

Pane también expresó preocupación por la expansión de sistemas de verificación de edad basados en reconocimiento facial o documentos de identidad, advirtiendo de posibles riesgos para la privacidad y la protección de datos.

El Gobierno australiano y sus partidarios sostienen que la medida protege la salud mental de los menores, reduciendo su exposición a contenidos dañinos, acoso, adicción digital, presión social y la manipulación algorítmica.

En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.

A finales de marzo, eSafety abrió una investigación sobre cinco grandes plataformas (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube) y prevé decidir sobre posibles medidas correctivas en las próximas semanas.

Por otra parte, el próximo gran examen del éxito de la normativa llegará en los próximos meses, ya que eSafety encargó en septiembre de 2025 a un grupo asesor académico liderado por la Universidad de Stanford (Estados Unidos) una evaluación independiente sobre el impacto de la ley, cuyos resultados se esperan a finales de este año.

El estudio analizará, entre otros aspectos, los cambios en el uso de redes sociales por parte de los menores, el impacto en su bienestar y la eficacia de los mecanismos de aplicación de la ley.