Dos empleados de la región de Arecibo del Departamento de la Familia fueron reubicados de sus funciones y enfrentan una investigación administrativa para evaluar si incumplieron con las normativas de la agencia al atender un establecimiento clandestino para adultos mayores.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, sostuvo que la investigación inició ayer para verificar las acciones de dos empleados del área de licenciamiento de la región de Arecibo. Ambos fueron reubicados, de forma temporera, “a funciones compatibles con sus puestos” para proteger la integridad de la pesquisa, precisó la agencia.

“Las posibles actuaciones aisladas de un empleado no representan al Departamento de la Familia no reflejan el compromiso de la inmensa mayoría de nuestros servidores públicos, quienes diariamente cumplen su deber con integridad, profesionalismo y profundo sentido de servicio. No permitiremos que esa posible conducta de unos pocos empañe la labor ejemplar que realizan cientos de empleados comprometidos con proteger a nuestras familias y, particularmente, a nuestros adultos mayores”, expresó Roig Fuertes en un comunicado de prensa.

La agencia informó el lunes que ordenó el cierre del Hogar Emmanuel, un establecimiento de cuidado prolongado que operaba sin licencia, e inició el proceso de reubicación de los nueve adultos mayores que permanecían en el lugar.

Mediante un comunicado de prensa, Familia indicó que todos los residentes eran pacientes privados y que el traslado se realiza en coordinación con sus familiares para garantizar que sean ubicados en instituciones seguras y que se ajusten a sus necesidades. La intervención forma parte de un plan para reforzar la fiscalización de los hogares de cuidado prolongado y asegurar que operen en cumplimiento con la ley.

Roig Fuertes señaló que la agencia que dirige “no tolerará actuaciones individuales que comprometan la misión institucional ni la seguridad de las poblaciones más vulnerables”.

La investigación en la región de Arecibo está dirigida a determinar si hubo violaciones a las normas internas, reglamentos o deberes, pero no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias que llevaron a identificar los dos empleados a quienes se les impusieron sanciones administrativas.

Familia resaltó, el martes, que los hogares clandestinos, por definición, operan a escondidas de las autoridades, por lo cual hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar estos establecimientos.

Asimismo, la funcionaria señaló que existe una amnistía que permite que los operadores de hogares de cuido para adultos mayores puedan “regularizar” sus establecimientos.

“Resulta igualmente inaceptable que familiares continúen pagando por servicios privados en establecimientos que operan fuera de la ley y permitan, por negligencia o indiferencia, que sus seres queridos permanezcan en lugares que carecen de la supervisión y las garantías mínimas que exige nuestro ordenamiento. La protección de nuestros adultos mayores es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad”, manifestó Roig Fuertes.

El Departamento de la Familia enfrenta un fuerte escrutinio sobre la supervisión de los hogares de cuidado prolongado, que atrajo la atención pública más específicamente tras el presunto maltrato de una mujer de 87 años en el Hogar Casa Dorada, en Las Piedras, ocurrido la semana pasada. En ese caso, un cuidador fue acusado por tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada, mientras el hogar perdió su licencia de operación.