El Departamento de la Familia (DF) informó este lunes que ordenó el cierre del Hogar Emmanuel, un establecimiento de cuidado prolongado que operaba sin licencia en Arecibo, e inició el proceso de reubicación de los nueve adultos mayores que permanecían en el lugar.

Mediante un comunicado de prensa, la agencia indicó que todos los residentes eran pacientes privados y que el traslado se realiza en coordinación con sus familiares para garantizar que sean ubicados en instituciones seguras y que se ajusten a sus necesidades.

Según el DF, la intervención forma parte de un plan para reforzar la fiscalización de los hogares de cuidado prolongado y asegurar que operen en cumplimiento con la ley.

Como parte de ese esfuerzo, la agencia informó que impulsa varias medidas para fortalecer el Área de Licenciamiento, entre ellas la implantación de un sistema uniforme para la imposición y cobro de multas administrativas, la actualización de sus sistemas de seguimiento a inspecciones, la creación de un programa permanente de capacitación para oficiales de licenciamiento y un sistema interno para clasificar los hogares según su nivel de riesgo.

También anunció la revisión del reglamento de licenciamiento y la formalización de acuerdos de colaboración con el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea), el Negociado del Cuerpo de Bomberos y el Negociado para el Manejo de Emergencias.

“Nuestra prioridad es proteger a las personas adultas mayores. Cada intervención que realizamos responde al compromiso de garantizar que los hogares operen conforme a la ley y ofrezcan un ambiente seguro y digno”, expresó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

La funcionaria también exhortó a las familias a verificar que los hogares cuenten con la licencia correspondiente antes de ingresar a un ser querido, solicitar referencias, conocer las condiciones del lugar y mantener visitas frecuentes.

El anuncio se produce mientras el DF enfrenta un fuerte escrutinio sobre la supervisión de los hogares de cuidado prolongado, que atrajo la atención pública más específicamente tras el presunto maltrato de una mujer de 87 años en el Hogar Casa Dorada, en Las Piedras, ocurrido la semana pasada. En ese caso, un cuidador fue acusado por tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada, mientras el hogar perdió su licencia de operación.

A raíz de ese caso, también surgieron diferencias entre el DF y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) sobre el alcance de las facultades de fiscalización de esta última, luego de que la procuradora Yolanda Varela Rosa cuestionara cambios al reglamento de licenciamiento de hogares de cuidado prolongado.

Sobre el asunto, Roig Fuertes salió a sostener que la Oppea mantiene sus facultades de supervisión al amparo de su ley orgánica, independientemente del reglamento.