La propuesta para construir el Proyecto Esencia, en Cabo Rojo, avanzó con la reciente radicación de una consulta de ubicación, mecanismo mediante el cual sus desarrolladores buscan autorización para construir en terrenos donde ese uso no está permitido, conforme a la zonificación vigente.

En respuesta, ciudadanos reclamaron que el trámite –ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)– incluya vistas públicas.

El ecólogo Héctor Quintero Vilella, parte de la Coalición Defiende a Cabo Rojo, sostuvo que los rótulos de la consulta de ubicación se colocaron en horas de la madrugada del 16 de julio. El aviso –con el número de solicitud 2026-693109-CUB-013470– lo describe como un “proyecto estratégico”.

El Nuevo Día solicitó comentarios de los desarrolladores de Esencia sobre el pedido ciudadano a favor de una nueva ronda de vistas públicas, a lo que Roberto Ruiz Vargas, de Three Rules Capital –uno de los proponentes junto a Reuben Brothers–, respondió: “La fase de vistas públicas requerida para este proceso fue completada en marzo 2025”.

“Todavía hay serios problemas con los estudios y la información que han sacado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Por ejemplo, la DIA es de marzo pasado, ahora añadieron 10 estudios nuevos que no han pasado por vista pública. Nosotros hemos consultado expertos, especialmente en agua, y dicen que los estudios de agua que hicieron para la DIA son una fantasía hidrológica; las palabras son esas, fantasía hidrológica. O sea, que están tratando de mover el proyecto con información que no ha sido evaluada como es debido”, argumentó, en tanto, Quintero Vilella.

La Coalición Defiende a Cabo Rojo y la Brigada Solidaria del Oeste exigieron vistas públicas –en ese municipio– en la nueva etapa del proceso y exhortaron a la ciudadanía a unirse a la petición.

Mientras, Quintero Vilella señaló que cerca del 40% de las 2,000 cuerdas de terreno que impactaría Esencia está clasificado como “Suelo Rústico Especialmente Protegido - Ecológico” en el Plan de Uso de Terrenos (2015) vigente. Además, 60% del área está en la categoría de Desarrollo Turístico Selectivo (DTS), que requiere se mantenga el carácter paisajista y las condiciones naturales del lugar.

En diciembre pasado, la OGPe notificó la determinación de cumplimiento de la DIA, en medio de cuestionamientos de la oposición. La DIA final se dividió en 16 tomos, para 8,529 páginas, con más de 50 anejos de estudios, memorandos, comentarios y ponencias.

Decenas de ciudadanos y representantes de organizaciones acudieron en marzo pasado a la sede de la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, donde la OGPe celebró vistas públicas, para denunciar el impacto social y ecológico del proyecto, en el barrio Boquerón, y su presunta incompatibilidad con los recursos naturales disponibles, en ámbitos como la conservación de la flora y fauna, la demanda proyectada de agua potable y la geología costera.

Quintero Vilella y otros opositores al megaproyecto –que consiste de 1,132 residencias turísticas, 530 unidades de hotel, dos campos de golf, una escuela con 500 dormitorios, entre otros– han denunciado que la Ley 82 de 2026, firmada por la gobernadora Jenniffer González en mayo, está “diseñada a la medida” para este proyecto. El estatuto permite la construcción en suelo rústico especialmente protegido si el gobierno declara un proyecto como “estratégico”.

En declaraciones previas, la compañía Three Rules Capital ha expresado que respeta “el derecho de cada persona a expresar sus ideas y a disentir cuando lo entienda necesario”, y que ha “mantenido canales abiertos para escuchar, aclarar dudas y compartir información real y verificada” sobre el proyecto. También, ha indicado que ajustó sus planes de desarrollo para minimizar su huella ambiental.