Decenas de ciudadanos llegaron este miércoles al Centro de Convenciones, en San Juan, para expresar su rechazo a lo que denominaron la “agenda de destrucción ambiental” de la administración de Jenniffer González, con carteles en mano en defensa del karso puertorriqueño, las playas públicas y el recurso agua y, por otro lado, en oposición al debilitamiento de las leyes que protegen el medioambiente, las canteras y el proyecto Esencia.

Organizaciones ambientales y comunitarias convocaron la manifestación para repudiar la celebración, en el lugar, de un “conversatorio ejecutivo” organizado por la Asociación de Mineros, la Asociación General de Contratistas y la Asociación Puertorriqueña del Concreto para hablar, entre otros temas, de la reglamentación del karso, la reforma al sistema de permisos y la revisión al Plan de Uso de Terrenos.

El evento –en el que participarían como conferenciantes el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, y el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales– fue “pospuesto”, indicó una empleada del Centro de Convenciones minutos antes de la hora de inicio pautada.

La posposición no detuvo a los manifestantes, que organizaron una línea de piquete para denunciar las acciones contra el medioambiente de la actual administración, con cánticos como “Puerto Rico no se vende, Puerto Rico se defiende”; “Al gobierno criminal, lo vamos a sacar”; y “Las playas no se venden”.

Los presentes aprovecharon el encuentro para reclamar la dimisión de Quiles Pérez a la secretaría del DRNA. Una de las pancartas leía “#WaldiRenuncia”.

“Hay una preocupación con toda esta andanada de proyectos que la Legislatura y el Ejecutivo han presentado, que menoscaban más de 30 años de leyes que lo que hacen es salvaguardar para el futuro, y el presente también, el bienestar de la población puertorriqueña”, expresó Abel Vale, presidente de la organización Ciudadanos del Karso.

Una de las propuestas ante la Legislatura es, precisamente, el Proyecto de la Cámara (PC) 1079, que busca debilitar la ley que protege el karso para dar paso al desarrollo económico en la región. Según Vale, esta medida –del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez–, dejaría “totalmente inútil” la Ley 292 de 1999.

“Tenemos que preguntarnos, ¿ahora mismo no se está aprovechando la región del karso? ¿Quién suple agua a la industria farmacéutica, que provee empleos bien remunerados en la isla? La región del karso. ¿Quién le provee a más de 400,000 usuarios de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) agua en sus casas? La región del karso. ¿Quién les suple a los ganaderos en la región norte el agua que necesitan para sus fincas? O sea, ¿para quiénes, entonces, es este proyecto de ley?”, cuestionó Vale.

Otros proyectos que han levantado bandera entre grupos y defensores del medioambiente son el que busca redefinir la zona marítimo terrestre (PC 25) y la propuesta reforma de permisos (Proyecto del Senado (PS) 1173 y PC 1213).

Líderes ambientales criticaron la falta de espacios y apertura para presentar sus preocupaciones a quienes toman decisiones, mientras funcionarios como Quiles Pérez acceden a participar en conversatorios como el que fue pospuesto.

“No hay una participación real significativa y equitativa, no hay una visión de país a largo plazo centrada en la crisis climática y el beneficio de la gente a través de la protección de los bienes comunes naturales y, ciertamente, mucha gente nos está diciendo que están agotados porque les están cerrando todos los frentes; lo administrativo, los tribunales. Eso representa que haya una falla en el país. Nuevamente, hay que insistir que no podemos separar lo político de lo ambiental, ni lo económico, ni lo social”, sostuvo Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.

Por su parte, la herpetóloga Sondra Vega Castillo exhortó a la ciudadanía y las comunidades a estar vigilantes y a organizarse para proteger los recursos naturales.

“Lamentablemente, de lo que estamos hablando es que todas estas medidas ponen en riesgo lo que es la calidad de vida de los puertorriqueños, ya sea a través de la destrucción de ecosistemas directamente, porque desaparecen especies y esas especies, por ejemplo, son polinizadores importantes que repercuten luego en la agricultura; o ya sea porque están atentando contra cuerpos de agua que son vitales para nosotros, sobre todo bajo este nuevo escenario de cambio climático. Hay que estar vigilantes, hay que estar atentos, porque en la medida que estas leyes se aprueben o cambien la protección de nuestros ecosistemas, nuestra calidad de vida va a cambiar, eso es inevitable”, aseveró.