La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) notificó la determinación de cumplimiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) de los proponentes del Proyecto Esencia, en Cabo Rojo, un documento de más de 8,500 páginas que delinea los efectos sobre los recursos naturales del desarrollo del complejo de lujo de más de 1,500 cuerdas.

De inmediato, opositores al proyecto criticaron la aprobación de la DIA en plena celebración de la temporada navideña, y adelantaron que iniciarán la revisión del extenso expediente con miras a una potencial impugnación.

“Nos vamos a sentar, vamos a leer las partes en que tenemos peritaje y, de ahí, vamos a hacer el análisis. Vamos a estar buscando en dónde están las deficiencias del documento para, entonces, analizar si se hace una impugnación administrativa o hasta judicial”, señaló Braulio Quintero, director ejecutivo del Institute for Socio-Ecological Research Caribe y portavoz de la coalición Defiende a Cabo Rojo, quien catalogó de “irracional” el término de 30 días para actuar sobre la DIA.

Por su parte, al describir como un “logro significativo” la determinación de la OGPe, Robert Ruiz Vargas, jefe de Operaciones de Cabo Rojo Land Acquisition LLC –entidad proponente del proyecto–, recalcó que la DIA final incorporó múltiples ajustes exigidos tras la entrega de comentarios del público y agencias concernidas.

“Es importante destacar que el proceso de permisos aún no ha concluido. La fase de construcción dará inicio una vez se completen todos los pasos requeridos por el marco regulatorio vigente. No obstante, completar la evaluación ambiental representa un avance sustancial que acerca el proyecto a esa etapa”, afirmó Ruiz Vargas, por escrito.

Tras la publicación del aviso público de la OGPe en la edición del miércoles de El Nuevo Día, la exrepresentante Mariana Nogales Molinelli censuró el proceder de la dependencia: “El mal y la avaricia por el dinero y la destrucción no descansan, están acompañados por muchos lacayos que le tienden la alfombra roja encima de la sangre y el sufrimiento de la gente y de todos los seres vivos y ecosistemas que este proyecto pretende destruir”.

La DIA final se dividió en 16 tomos de 8,529 páginas, que incluyen más de 50 anejos de estudios, memorandos, comentarios y ponencias. Según Quintero, este viernes, la sede regional de la OGPe en Aguadilla y la casa alcaldía de Cabo Rojo –donde se indicó que puede obtenerse una copia impresa del mamotreto– se encontraban cerradas.

A lo largo de las vistas públicas que la OGPe organizó en marzo, decenas de ciudadanos y representantes de organizaciones acudieron a la sede de la Asamblea Municipal de Cabo Rojo a denunciar el impacto social y ecológico del proyecto en el barrio Boquerón y su presunta incompatibilidad con los recursos naturales disponibles, en ámbitos como la conservación de la flora y fauna, la demanda proyectada de agua potable y la geología costera.

“Basándome en la lectura del borrador de la DIA, que me imagino que no es muy diferente a lo que fue final –porque entonces requeriría hacer vistas nuevas–, nuestra posición es que el proyecto no debe ir, tiene impactos muy grandes en múltiples áreas: en el Bosque Seco del suroeste de Puerto Rico e impactos directos sobre las poblaciones de pájaros en peligro de extinción. Es una manera retrógrada de hacer desarrollo económico”, planteó Quintero.

De acuerdo con el aviso público de la determinación de cumplimiento de la DIA, los desarrolladores de Esencia proponen que el complejo de 1,549 cuerdas cuente con 530 habitaciones de hotel, 1,132 residencias turísticas, una escuela con 500 dormitorios, dos campos de golf, áreas recreativas, servicios médicos y espacios comerciales y de entretenimiento.

La inversión total para el desarrollo del complejo se estimó en $2,684 millones, con la proyección de crear 17,000 empleos en su fase de construcción y unos 3,000 permanentes.

Una revisión inicial de El Nuevo Día encontró que, en la DIA final, los proponentes descartaron interconectar Esencia al sistema de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), dependiente, a su vez, de los embalses en la región que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) administra. En sus comentarios a lo largo de los pasados meses, la AEE expresó no contar con la capacidad de incrementar los niveles de producción de agua para suministrar a la AAA, que los desarrolladores proponían como una vía de abastos para situaciones de “emergencia”, partiendo de un estimado de consumo de 1.25 millones de galones diarios.

En la versión final, la DIA apuesta a la explotación de pozos subterráneos que se identificaron dentro de los límites del proyecto y que fueron explorados en pasados meses tras recibir un permiso de parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“Se atendieron las preocupaciones planteadas por las agencias mediante análisis y estudios técnicos adicionales. Conforme a dichos estudios, el proyecto no afectará el suministro público de agua”, recalcó Ruiz Vargas.

“Uno de los ángulos principales que vamos a estar mirando ahora en esta versión final de la DIA es qué hicieron con relación al tema del agua. Estamos trabajando con un equipo de abogados que conocen la ley de agua estatal y federal y vamos a mirarlo muy de cerca porque, en el borrador que se presentó en marzo, no había certidumbre de dónde venía el agua. Yo vivo a 10 minutos del área donde se propone hacer el proyecto, y yo estoy uno o dos días a la semana sin agua”, expresó Quintero, mencionando también que el plan de manejo de especies contemplaba crear una “zona de conservación” para el 2030, años después de iniciada la construcción.

El portavoz de los grupos en oposición criticó, a su vez, el aval que el Municipio de Cabo Rojo concedió al proyecto, sujeto a condiciones tales como que el costo de las medidas de mitigación ambiental recaiga sobre los desarrolladores, la ausencia de deudas con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y que no se utilice el endoso para “ejercer presión” sobre los titulares actuales de los terrenos que Cabo Rojo Land Acquisition aún pretende comprar.

“Hemos caminado el pueblo entero de Cabo Rojo y hay mucha gente opuesta”, insistió Quintero.