Sin certeza aún sobre la posible intervención gubernamental en el pleito que ha detenido el suministro de gas natural licuado (LNG, en inglés) a través de la bahía de San Juan, la jueza federal Silvia Carreño Coll deberá decidir mañana, jueves, si mantiene en pie la prohibición a la entrada de los tanqueros de combustible o si accede a relajar las condiciones impuestas en pasados días, ante las peticiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el suplidor New Fortress Energy (NFE).

Este miércoles, el gobierno –a través de mociones conjuntas de la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas– insistió, por un lado, que debe ser admitido como interventor en el caso federal y, por otro, que urge revertir la orden temporal (TRO, en inglés) que, desde la semana pasada, impide la entrada de buques de LNG hasta que estén disponibles embarcaciones remolcadoras de 80 toneladas. Paralelamente, el grupo de operadores de remolcadores que radicó la demanda señaló a NFE por supuestamente realizar representaciones engañosas al gobierno y acumular una serie de deudas que le han complicado contratar las embarcaciones requeridas para facilitar el acceso de los tanqueros a la bahía.

“Parecería que NFE no ha informado a la AEE las verdaderas razones para no poder contratar las cuatro remolcadoras de 80 toneladas métricas pese a su disponibilidad, y parecería que NFE no informó a la AEE que, desde temprano en verano, los pilotos le imploraron que no permitiera que se retiraran las remolcadoras de 80 toneladas métricas. Tristemente, una vez más, las razones son financieras”, alegaron los demandantes, aludiendo a que recibieron información de que la gasífera adeuda unos $500,000 a Edison Chouest, la empresa que proveyó los remolcadores hasta el 15 de septiembre.

En una moción radicada tarde el martes, NFE consignó que no se opone a la intervención gubernamental en el caso, y aseguró, por medio del gerente Zakiy Ahmed, que, a lo largo de las dos semanas que se extiende la TRO de Carreño Coll, no hay remolcadoras cualificadas disponibles para proveer el servicio. Desde el lunes, 14 unidades temporales en las centrales San Juan y Palo Seco, así como las unidades de ciclo combinado #5 y #6 de San Juan, han estado apagadas u operando con diésel –un combustible más caro– debido a que el tanquero de NFE no ha podido entrar a la bahía de San Juan.

“Solo porque una compañía tenga una remolcadora en inventario, no significa que está disponible para enviarse a la bahía de San Juan”, subrayó NFE.

Los botes remolcadores, en síntesis, sirven para guiar a los buques de mayor tamaño en sus maniobras de entrada y salida de la bahía, en una operación que incluye amarrar unas cuerdas a los tanqueros.

En su moción de intervención, la AEE y la AAPP insistieron en que remolcadoras de menor capacidad pueden realizar esa función sin comprometer la seguridad en la bahía, por lo que pidieron a la jueza revertir la TRO, recalcando las complicaciones operacionales que depender del diésel representa para la flota de generación eléctrica.

Carreño Coll programó una vista de seguimiento para el jueves, a las 9:00 a.m., a la que ordenó citar al comandante de la Guardia Costera para la bahía de San Juan, Luis Rodríguez. Al momento de publicación, la jueza no había decidido si el gobierno –por medio de la AEE y la AAPP– podría intervenir en el caso.

También este miércoles, la gobernadora Jenniffer González insistió que su administración ausculta “todas las alternativas legales” e hizo un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a aprobar el contrato de suministro de siete años que, recientemente, se acordó con NFE, pacto que, a su juicio, permitiría evitar la actual crisis de combustible.

“Si nosotros tuviéramos ese contrato firmado por la JSF, hoy yo podría estar contratando a otra barcaza y otro suplidor de gas natural para que nos supliera el gas en ese muelle de San Juan”, dijo González, en aparente referencia a la cláusula que permitiría recurrir a otras empresas en caso de incumplimiento de NFE.

En una moción acompañada de una declaración del zar de Energía y jefe de la AAPP, Josué Colón, el gobierno alegó el martes en la noche que, contrario a los planteamientos de los pilotos demandantes, el interés público no está representado por NFE.

“Por eso, precisamente, es que la AEE y la AAPP deben poder intervenir: para asegurar que el tribunal escuche a las entidades legal y técnicamente responsables del sistema eléctrico de Puerto Rico, de forma que no sea engañado en temas que los demandantes no dominan”, subrayó el gobierno.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.