El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, informó al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, que removerán los fondos federales asignados al ayuntamiento mediante la Operación Stonegarden (OPSG) tras la firma de la Ordenanza 82 que declara al municipio como una ciudad santuario.

OPSG, programa del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), otorga subvenciones a agencias locales y estatales para mejorar la cooperación y coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el fortalecimiento de la seguridad de las fronteras de Estados Unidos.

José Cruz, portavoz de prensa de Roldán Concepción, confirmó a El Nuevo Día que el ayuntamiento recibió la carta, pero fue breve en su reacción al resaltar la necesidad de aclarar cuál será el proceso que se seguirá para la cancelación.

“En efecto, recibimos la carta. Estamos analizando el efecto que tendrá la cancelación de estos fondos y cómo será el proceso”, indicó el portavoz del municipio.

Lee aquí la carta:

En la misiva con fecha del 21 de julio de 2025, de la cual El Nuevo Día obtuvo copia, Garffer indicó que los fondos de OPSG otorgados a Aguadilla en los años fiscales 2023 y 2024 serán “removidos” debido a la firma de la ordenanza que prohíbe a los empleados municipales, y a la Policía Municipal, de colaborar con agencias federales en intervenciones relacionadas con asuntos migratorios.

“Esta política representa un incumplimiento con los principios de cooperación interagencial que son fundamentales para la implementación y efectividad del programa OPSG”, enfatizó Garffer en la misiva.

El secretario del DSP indicó que removerán $150,000 otorgados en el año fiscal 2023, y $95,903 del año fiscal 2024.

“El Departamento de Seguridad Nacional, mediante sus agencias componentes, establece como requisito esencial la colaboración activa entre los gobiernos locales y las agencias federales para el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras. En virtud de lo anterior, la postura adoptada por el Municipio de Aguadilla mediante la Ordenanza 82 constituye un impedimento para continuar con la participación en el programa”, enfatizó Garffer en el escrito.

Cruz luego explicó, en declaraciones escritas, que Aguadilla todavía utiliza fondos otorgados para el año fiscal 2022, “así que no nos están quitando (los fondos de 2023 y 2024), sino que nos están negando los fondos que se iban a solicitar en las propuestas (para ambos años fiscales), que no se han sometido aún”.

“Casi todos los municipios operan así. Ellos simplemente nos quitan la oportunidad de solicitar fondos para realizar un trabajo de vigilancia en las costas contra el trasiego de drogas y armas, y el trasiego de indocumentados. Eso nada tiene que ver con la ordenanza que se firmó. El alcalde fue enfático en decir que el municipio tenía un acuerdo para ese tipo de colaboración”, añadió Cruz.

El Nuevo Día solicitó una reacción del DSP, pero no se obtuvo una respuesta de inmediato.

La Ordenanza 82, firmada el 26 de junio, estableció protocolos que limitan la cooperación con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o CBP, “salvo que exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública”.

El alcalde también firmó la Ordenanza 83 que ordenó la creación de un equipo de trabajo de de respuesta interdisciplinario que entra en acción al identificarse redadas o intervenciones con migrantes.

Tras firmar las ordenanzas 83 y 83, Roldán Concepción resaltó que “nos posicionamos en el lado correcto de la historia. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”.

Con la declaración de Aguadilla como “ciudad santuario” el ayuntamiento creó un grupo de respuesta para proteger los derechos de la comunidad migrante en el pueblo.

A principios de junio, el Municipio de Hormigueros aprobó una ordenanza para declararse “ciudad santuario”.

Por su parte, el alcalde de Hormigueros,Pedro García Figueroa, manifestó, el 3 de julio, que “el espíritu y la esencia humana de mi pueblo no nos permite colaborar con las autoridades locales ni federales, en sus iniciativas de deportación de hermanos latinoamericanos y del mundo”.

Para la redacción de las ordenanzas, Aguadilla y Hormigueros utilizaron modelos diseñados por la Unión Americana de Libertades Civiles(ACLU) de Puerto Rico, que tiene como objetivo la protección de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes que residen en el archipiélago.