Un panel del Primer Circuito de Apelaciones en Boston denegó este viernes el pedido de LUMA Energy de paralizar los procedimientos ante el foro estatal de las dos demandas que persiguen la anulación de su contrato de administración de la red eléctrica, lo que significa que las cortes en Puerto Rico recibirán de vuelta los casos incoados por la administración de Jenniffer González.

LUMA había solicitado al circuito apelativo que detuviera los trámites ulteriores mientras revisa la decisión de la jueza de Distrito federal Laura Taylor Swain, quien concluyó que la controversia debe resolverse en los tribunales de Puerto Rico.

“Luego de una revisión y consideración cuidadosa del récord y los argumentos específicos plasmados en los argumentos, concluimos que los demandados-apelantes no han cumplido con el estándar para evidenciar su derecho a una paralización mientras se resuelve la apelación. (…) Las solicitudes de una argumentación expedita de su moción o, en la alternativa, una paralización administrativa son académicas antes esta conclusión. Por lo tanto, la moción se deniega”, señaló el panel, compuesto por los jueces apelativos David Barron, Julie Rikelman y Seth Aframe.

En declaraciones escritas, LUMA sostuvo que “agotaremos todos los remedios legales disponibles”.

“Aunque respetamos esta determinación, reiteramos, al igual que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y otras partes, que el Tribunal Federal continua siendo el foro más adecuado para atender estas controversias, especialmente mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanece bajo el proceso de quiebra federal. La incertidumbre que generan los intentos de anular el contrato de LUMA y la insistencia del gobierno de destinar recursos económicos para perseguir un proceso legal innecesario durante la época de huracanes atenta contra los servicios esenciales que ofrecemos a los puertorriqueños y afecta adversamente los esfuerzos de transformación de la red eléctrica”, indicó el consorcio.

Mientras, tras conocerse el dictamen, González indicó que el lunes entrará en efecto la devolución de las demandas.

“Las fallas en la transmisión a cargo de LUMA, sumado a las ejecutorios en contra de la gente como cerrar oficinas, eliminar brigadas nocturnas (que logramos revocar), no le han servido bien al pueblo. Por eso seguimos firmes, sumando victorias judiciales para sacar a LUMA y traer un nuevo operador que cumpla con un compromiso contractual, donde la gente tenga un servicio básico como electricidad confiable y asequible”, expresó la mandataria.

Las dos demandas objeto de controversia –una de ellas incoada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE y la segunda, por la gobernadora– se radicaron originalmente, en diciembre pasado, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. En ambos casos, LUMA las removió a la sala de Swain, bajo la premisa de que su contrato de operación es un componente indispensable de los procedimientos de bancarrota de la AEE y, por lo tanto, el pleito debe resolverse en el marco del Título III de la ley Promesa.

Aunque la JSF y grupos de acreedores de la AEE se alinearon con LUMA en el planteamiento jurisdiccional, Swain falló a favor de los demandantes, concluyendo que los casos son susceptibles de resolución a nivel estatal.

Antes de que LUMA removiera los recursos al foro federal, los promoventes habían peticionado al Tribunal Supremo de Puerto Rico que asumiera, mediante un recurso de certificación, jurisdicción sobre las demandas, sin aguardar por los trámites en los foros inferiores, asunto que estaría pendiente de resolución una vez los casos se devuelvan formalmente a la esfera estatal.

Junto a la orden de este viernes, el panel del Primer Circuito instruyó a LUMA a presentar su informe de apelación en o antes del 29 de julio, como parte de la revisión en sus méritos de la decisión de Swain de transferir la controversia a los tribunales puertorriqueños.

Los argumentos a favor de la anulación contractual presentados por la gobernadora, la AAPP y la AEE se centran en que la extensión, en noviembre de 2022, del contrato suplementario de LUMA –que está en vigor mientras se extienda el caso de quiebra de la corporación pública– se hizo contrario a las disposiciones de las leyes que gobiernan los acuerdos de alianzas público privadas.