El director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efran Paredes, anticipó que, luego de concretados los proyectos de privatización en curso, la corporación pública asumiría un rol mayoritariamente fiscalizador de las funciones de las compañías a cargo de la operación diaria.

“Veo a la Autoridad como una entidad gubernamental que velará por el cumplimiento de las leyes y ciertas normas ambientales, cónsono con el Negociado de Energía de Puerto Rico y las P3 (Autoridad para las Alianzas Público-Privadas)”, dijo Paredes en entrevista con El Nuevo Día.

“Además, la Autoridad seguirá siendo la dueña de los activos de generación, transmisión y distribución”, abundó.

El pasado 22 de junio, el gobierno anunció la selección del consorcio LUMA Energy para la operación del sistema eléctrico. Se trata de un contrato de, por lo menos, 15 años y un costo de $1,500 millones.

Un mes antes, el 22 de mayo, había sido inaugurado el muelle que la empresa New Fortress Energy construyó, a un costo de $100 millones, para el recibo y suplido de gas natural a la central San Juan.

Y esta semana, P3 y la AEE publicaron una solicitud de cualificaciones (RFQ, en inglés) para compañías y consorcios interesados en operar, darles mantenimiento y desmantelar los activos de generación (centrales y “peaking units”).

Paredes defendió las tres iniciativas, al sostener que son parte del plan gubernamental de transformar la red eléctrica.

Sobre la transición con LUMA Energy, que podría demorar entre 10 y 12 meses, dijo que “continúa el intercambio de información” entre el consorcio y los directorados de la AEE.

“Nos estamos reuniendo por diferentes áreas y temas. Estaremos creando planes y entrándolos poco a poco en operación sin interrumpir los servicios. No podemos perder de perspectiva que hay un sistema eléctrico que manejar y tiene que seguir fluyendo”, expresó Paredes, quien no pudo estimar cuántos de los empleados actuales quedarán finalmente en la AEE.

LUMA Energy tiene la intención de reclutar la mayor cantidad posible de los empleados actuales, siempre y cuando estén cualificados para el trabajo requerido. El consorcio llenará las plazas mediante un proceso competitivo.

En cuanto al RFQ para los activos de generación, Paredes dijo que “lo que se está buscando” es cumplir con la obligación legal de llegar al 100% de producción con fuentes renovables en 2050.

“Para ese tipo de iniciativa, las plantas tienen que ser apagadas y decomisadas o sustituidas por plantas eficientes para efectos de manejar algún tipo de evento en particular. Estamos buscando candidatos que tengan la capacidad de manejar activos de generación, operarlos y ser eficientes y que, al final, cuando terminen su vida útil, los decomisen y que el ‘site’ (terreno) quede como se supone”, dijo.

Según Paredes, no hay preferencia en cuanto a que sea una o varias compañías o consorcios los que operen los activos de generación. Y en su caso, tampoco tiene “preferencia particular” sobre cómo llegar al 100% de energía renovable en 2050.

“La ley y el Plan Integrado de Recursos (PIR) establecen que tenemos que llegar a esa meta, pero no especifica con qué recursos. Puede ser energía solar en techos (distribuida) o ‘utility scale’ (proyectos grandes). Yo estoy abierto a cualquiera de las dos. Estamos para cumplir la ley y buscar el método más eficiente para darle energía al país. Entiendo que los dos enfoques son buenos y hacen falta”, expuso.

Entidades como Casa Pueblo y Queremos Sol, entre otras, plantean que no se necesitan más fincas solares en la isla, sino que instalando placas fotovoltaicas en los techos puede llegarse a la meta de 2050.