El Departamento de Justicia (DJ) notificó este lunes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que continuará con la investigación preliminar relacionada con presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes, en Yabucoa, que involucran a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

La agencia pidió la extensión de 90 días naturales, que establece la Ley del PFEI, cuando se determina “causa para investigar”. Una vez culminada, se determinará si se recomienda o no la designación de un FEI para que evalúe el informe que someta Justicia relacionado con el caso.

“Vamos a hacer todo lo posible para trabajar de manera diligente, pero también de manera responsable. Esos términos de los 90 días (que expiraría el 8 de junio) son parte del debido proceso. Están establecidos en la ley, así que los hemos utilizado como corresponde para investigar a un funcionario al cual le aplica esa ley”, informó la jefa de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia, Sonia Martínez.

La pesquisa de la DIPAC se centra en los señalamientos contra Pérez Peña, antes y durante su incumbencia como secretaria de la Vivienda. Es decir, que no incluye a otros centros de inspección señalados.

“La DIPAC investiga acciones que se alegan en contra de funcionarios públicos solamente. En cuanto a los centros de inspección, se hará la recomendación correspondiente, porque eso corresponde, sí, al Ministerio Público, pero a las diferentes fiscalías que corresponda”, subrayó Martínez, quien abundó que están “evaluando cualquier delito contra la función pública”.

Estas expresiones difieren con lo expresado por la gobernadora Jenniffer González, quien más temprano aseguró que “todos los señalamientos son de previo a su función como secretaria de la Vivienda”.

Pese a que la extensión determina que hay “causa para investigar”, el Departamento de Justicia expuso que los señalamientos no constituyen una determinación sobre la comisión de delitos, sino su “deber ministerial de evaluar responsable y cabalmente información bajo juramento relacionada con posibles violaciones a la ley”.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, explicó que los 15 días no eran suficientes para investigar la querella presentada por los representantes populares Ramón Torres y Swanny Vargas.

“Nosotros, responsablemente, en 15 días no podemos culminar esta investigación. Nosotros tenemos que hacer una investigación responsable, tomar las declaraciones juradas que sean necesarias, investigar todas las alegaciones que se presenten, recibir los documentos que se hayan presentado”, dijo Gómez, quien aclaró que no trabajaba con los nombramientos en La Fortaleza cuando se nombró a Pérez Peña.

Tras un referido de los representantes populares, la DIPAC evaluó la declaración jurada presentada junto con el referido, y decidió que necesita recopilar prueba documental y testifical adicional para determinar si podría constituir o no delitos a la función pública. Entre los potenciales entrevistados, hay funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, confirmó Martínez.

El Departamento de Justicia recibió el informe que encomendó la gobernador al al DTOP el 23 de febrero. La Fortaleza ha asegurado que no tuvo acceso al documento.

La secretaria Gómez indicó, por su parte, que no ha sentido “ninguna” presión por estar investigando a su compañera de gabinete. Esto también es lo que ha expresado la gobernadora, quien ha reiterado que no ha intervenido en la pesquisa.

“Justicia tiene todos los mecanismos, tiene fiscales, tiene investigadores para hacer la investigación de rigor. Hay personas sometiendo declaraciones juradas, a favor, en contra, así que yo quiero que sea Justicia quien determine, y ellos recomendarán lo que procede”, indicó la mandataria, durante una conferencia de prensa en el Antiguo Casino.

En reacción a la determinación de Justicia, Pérez Peña sostuvo que “continuará” colaborando con “cualquier proceso”. “Me reafirmo confiada en que las evaluaciones se lleven a cabo con responsabilidad, transparencia y conforme a derecho”, sostuvo, por escrito, la funcionaria, quien dijo que no emitirá mayores comentarios.

En tanto, el representante Torres, quien presentó la querella, consideró que las acciones Justicia han minimizado las alegaciones de un “toallazo” para Pérez Peña.

“Podemos concluir que la secretaria de la Vivienda está siendo investigada criminalmente por el Departamento de Justicia”, expresó el legislador, quien entiende que la agencia ha actuado “correctamente” en el caso.

Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, alertó, en sus redes sociales, sobre el “precio político” del proceso, indistintamente del resultado de la investigación.

“Si esto terminara en una exoneración, el precio político habrá sido demasiado caro. Si fuera una acusación, entonces la peor denuncia sería que sabiendo lo que venía, no protegieron a la Gobernadora, ¡ni los involucrados ni los asesores de la propia Gobernadora!“, lee la publicación.