La petición a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la reprogramación de los $11.2 millones presupuestados para conceder alzas salariales a los jueces y juezas del país tiene que ser realizada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y no por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), confirmó el ente fiscal.

“La petición de reprogramación de fondos a la Junta de Supervisión Fiscal la tiene que presentar la OGP”, afirmó Sylvette Santiago, subdirectora de Comunicaciones del organismo, a El Nuevo Día.

La reprogramación de los fondos, sin embargo, sigue pendiente luego que este martes surgieran diferencias sobre cuál era el proceso a seguir para proceder con el pago, retroactivo al 1 de julio. Inicialmente, trascendió que la petición a la JSF tenía que realizarla la OAT. La JSF, sin embargo, aclaró cuál era el trámite a seguir.

De inmediato, no se informó cuándo la OGP oficializaría la petición.

Según expresiones enviadas a este medio, personal de la OAT se reunió este lunes con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, y fue durante este encuentro que se le informó que, “procesalmente, la OGP debía ser la entidad que formulara la petición para la transferencia de los fondos”. La partida de $11.2 millones está bajo la custodia de esa agencia.

“La OAT procedió a comunicar a la OGP la posición expuesta por la Junta en cuanto al trámite para solicitar el acceso al dinero presupuestado, con el propósito de que la OGP pueda formular la solicitud de rigor para que se autorice el traspaso de estos fondos y así implementar la correspondiente revisión salarial”, lee las expresiones remitidas a este medio por la oficina de prensa del Poder Judicial.

El pasado 17 de noviembre, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó la entrada en vigor del alza salarial para los togados -que oscila entre los $22,164 y $29,556 anuales- y estableció que el gobierno debía hacer los trámites necesarios para comenzar a pagar los aumentos.

Asimismo, la determinación judicial “ordena a la OAT solicitar a la JSF la reprogramación de los fondos de forma tal que, una vez obtenga la aprobación, la OGP proceda de inmediato a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto”.

La determinación de Cuevas respondió a dos pleitos presentados, por separado, por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, exigiendo la implantación del alza salarial avalada por la JSF.

Este martes, el director de la OGP, Juan Carlos Blanco, indicó en declaraciones escritas que esa agencia “no fue parte de la conversación entre la OAT y la Junta, y dado que la petición de la OAT no es cónsona con el proceso ordinario para este tipo de transacción, nos encontramos evaluando la misma para determinar el curso de acción”.

No obstante, de ordinario, según se desprende de comunicaciones oficiales de la JSF, la solicitud de reprogramación de fondos la realiza la OGP en nombre de la agencia pública a la cual se le asignaron los desembolsos. Así fue, por ejemplo, en el caso de una petición de reprogramación de $2.7 millones del Negociado de la Policía para cubrir servicios de telecomunicaciones no considerados en el presupuesto del año fiscal vigente.

La respuesta a esta solicitud, consignada en una carta, le fue remitida a Blanco, con copia al comisionado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, y al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, entre otros funcionarios.

Mientras, este martes trascendió que la JSF rechazó un pedido para reasignar $36,895 del presupuesto vigente, solicitado por la OGP, para la compra de un vehículo para la exgobernadora Sila María Calderón.

El ente a cargo de las finanzas de la isla expresó en una carta, el pasado 22 de noviembre, que no aprobó la reprogramación del dinero para la compra del vehículo porque la OGP no detalló la fuente de los ingresos, pese a que se le dio tiempo para ello. “Esta solicitud de reprogramación presupuestaria fue devuelta a la OGP el 31 de octubre de 2023 debido a la falta de una fuente viable de fondos proporcionada por la agencia”, consta en la comunicación.