El Tribunal Supremo ordenó que se mantenga en efecto el contrato vigente entre Genera PR y Puma Energy para el suministro de combustible, pero instruyó paralelamente al Tribunal de Apelaciones atender en sus méritos la impugnación de Novum Energy Trading, una de las licitadoras desfavorecidas en la subasta que administró el operador de la flota de generación.

La sentencia del máximo foro judicial asegura que –por ahora– no se interrumpan las entregas de búnker C, derivado del petróleo que se utiliza en las centrales San Juan, Aguirre (Salinas), Costa Sur (Guayanilla) y Palo Seco (Toa Baja), al tiempo que deja en manos del panel apelativo decidir si Genera PR cumplió con los procedimientos legales y reglamentarios al adjudicar a Puma la solicitud de propuestas (RFP, en inglés), a pesar de que Novum ofreció unos precios más bajos.

En diciembre, el Tribunal de Apelaciones había acogido un recurso de Novum, y ordenó la “paralización de los efectos de la adjudicación y el contrato” de Puma hasta que la impugnación de resolviera en sus méritos. Sin embargo, Genera PR recurrió con un escrito de “certiorari” al Tribunal Supremo, que revirtió la suspensión de manera temporal el 30 de diciembre, y de manera definitiva el lunes, con la sentencia final.

“Atendidas la petición de ‘certiorari’ presentada por la parte peticionaria (Genera PR), así como la oposición a expedición del ‘certiorari’ presentada por la parte recurrida (Novum), se expide el recurso de ‘certiorari’ solicitado sin trámite ulterior y (…) dejamos sin efecto, esta vez de forma final, la paralización que ordenó el Tribunal de Apelaciones en el asunto de epígrafe. Por otro lado, se devuelve este asunto al foro apelativo intermedio para que resuelva en los méritos el recurso que le fuera presentado”, indica el dictamen del Tribunal Supremo.

Novum alega, en síntesis, que Genera PR incumplió sus obligaciones al no proveerle a tiempo el expediente que justificaba la selección de Puma tras el RFP, impidiéndole formular adecuadamente su solicitud de reconsideración. Genera PR sostiene, en cambio, que siguió las disposiciones de su manual de adquisiciones y que el propio RFP estipulaba que los licitadores cedían cualquier derecho a reclamar violaciones procesales.

Según Genera PR, al ser una entidad privada, no le cobijan las disposiciones aplicables a compras y contrataciones gubernamentales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, a pesar de estar actuando como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para la empresa, sus procesos de compras se guían exclusivamente por su Manual de Adquisiciones interno, que, a su vez, se sustenta en el lenguaje del contrato de privatización de la flota de generación termoeléctrica.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el contrato de Puma –con duración de un año y valor estimado de $1,000 millones– el 31 de octubre de 2025. La semana pasada, el organismo indicó a El Nuevo Día que, al momento de avalar el acuerdo, no tenía conocimiento de la impugnación de Novum, que en ese momento ya había solicitado una reconsideración administrativa a Genera PR.

Tras recibir una negativa de Genera PR –con el contrato de Puma ya en efecto–, Novum recurrió, en diciembre, al Tribunal de Apelaciones. Entre sus argumentos legales, Genera PR ha señalado que el propio RFP estipulaba que los licitadores cedían cualquier derecho a reclamar violaciones procesales.